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Carapintadas: qué fue y cómo cambió el rumbo de Argentina

© AP Photo / Eduardo Di BaiaCarapintadas, alzamientos militares en Argentina
Carapintadas, alzamientos militares en Argentina - Sputnik Mundo
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Era el 3 de diciembre de 1990 cuando un grupo de 50 soldados rompió la cadena de mando y se alzó en armas en instalaciones del Ejército en Buenos Aires. Fueron aplastados en enfrentamientos que dejaron 13 muertos, cinco de ellos civiles, y marcaron un cambio de época y de política en Argentina.
En diciembre de 1990, se produjo el cuarto y último de los alzamientos militares que irrumpieron en el escenario de Argentina desde el regreso de la democracia luego de la última dictadura (1976-1983). Este suceso histórico terminó por definir la impunidad a oficiales por los delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado durante el gobierno militar, pero también provocó la reforma que licuó el poder y la influencia política a las Fuerzas Armadas.
Un grupo del Ejército llamado Carapintadas, formados como comando de élite antirrevolucionario a fines de la década de 1960, había realizado tres sublevaciones hacia el final de la década de 1980, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), primer presidente de la recuperación del orden constitucional.
La estatua de la Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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Éstas son las leyes que otorgaron impunidad a los militares en América Latina después de las dictaduras
Bajo su Gobierno, se realizó el histórico juicio a las Juntas Militares, las altas cúpulas del régimen dictatorial, en las cuales se condenó a cinco de sus integrantes, entre ellos Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, la presión de los militares fue tal, que el mismo Gobierno de Alfonsín promulgó la ley de Punto Final (1986) que establecía la prescripción de las causas en un plazo de 90 días si no eran llamados a declarar, para frenar la avalancha de juicios contra los culpables de crímenes durante la dictadura.
Sin embargo, esta no fue suficiente y durante la Semana Santa de 1987 se produjo un primer levantamiento militar. Como resultado, se aprobó la Ley de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidad penal a los militares de grado inferior al de coronel por haber actuado cumpliendo órdenes, siempre y cuando no estuvieran acusados de desaparición forzada de personas y apropiación de infantes durante la dictadura.
Esto no evitó un segundo alzamiento en enero de 1988 y el tercero, en diciembre de 1988, este último a cargo del coronel argentino Mohamed Alí Seineldín, miembro del ala conservadora, nacionalista, católica e industrialista de las fuerzas.
"Llevábamos siete años desde la recuperación de la democracia. Alfonsín es el que pone a los militares en el banquillo de los acusados y condena a varios de ellos a cadena perpetua. No pasó en Portugal, España ni en ningún país de Latinoamérica. Ya había sufrido varios planteos militares. Ellos decían que no eran en contra de la democracia, pero estaban intentando marcar la cancha, además con el antecedente de nuestro país de siete golpes militares", dijo a Sputnik el historiador argentino Jorge Nuñez.

Contexto y tensiones

Alfonsín dejó el poder de manera anticipada en julio de 1989 en un clima de caos socioeconómico que lo llevó a adelantar las elecciones presidenciales, que ganó el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem (1989-1999).
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"Un carapintada me dijo: 'el Ejército te deja idiota'"
El nuevo presidente indultó por decreto a más de 1.200 personas involucradas en los juicios posteriores a la dictadura, incluidos todos los jefes militares que no habían sido ya beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como los líderes Carapintadas que se habían sublevado.
Se trataba de un momento bisagra en el país y en el mundo. Menem comenzaba a definir las políticas neoliberales, de apertura al capital extranjero y de privatización de las empresas públicas que marcarían sus dos mandatos, alineado a la tutela de EEUU y en un contexto mundial marcado por la caída del Muro de Berlín (1989) y en la antesala de la desintegración de la URSS (1991).
"Menem había asumido con promesas de campaña de revolución productiva y salarial, y rápidamente hace un giro de 180 grados. Se alía con los grupos de poder económicos más importantes, con la derecha vernácula que integra a su gabinete, que va a generar tensiones al interior del peronismo, con un sector de los sindicatos, con parte de la oposición, y también con parte de las Fuerzas Armadas que, en clave nacionalista, se oponen a este proyecto y a estas políticas, que son las de siempre: ajuste, achique del Estado y endeudamiento externo", explicó el investigador y docente universitario.
Seineldín, quien había liderado el tercer alzamiento contra Alfonsín, que causó tres muertes y 40 heridos, había llegado a ofrecer asesoramiento cuando Menem era candidato, pero esta relación se deterioró con su llegada a la presidencia. A pesar de haberlo indultado, el presidente lo pasó a retiro junto a otros 19 oficiales.
El inicio de las "relaciones carnales" con EEUU, como se apodó en Argentina el alineamiento con el Gobierno de George H. W. Bush (1989-1993), así como el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico en apoyo a la intervención americana de 1990, que rompió con la tradición de neutralidad histórica en conflictos bélicos externos, terminó de quebrar el vínculo.
El excoronel fue castigado con 60 días de arresto por pronunciarse en contra del rumbo del Gobierno y la conducción de las Fuerzas Armadas.

Alzamiento y consecuencias

La madrugada del 3 de diciembre de 1990, un grupo de 50 soldados que respondían a Seineldín, en ese momento detenido en prisión militar, comenzaron levantamientos en diferentes instalaciones militares: el Regimiento de Patricios, principal destacamento de Infantería, ubicado en el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires; el Edificio Libertador, sede del Estado Mayor General del Ejército, y un edificio de Prefectura Naval, en el centro de la ciudad, además de un batallón en la localidad de El Palomar y una fábrica de tanques en Boulogne, estos dos al norte, en las afueras de la capital argentina.
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Justicia argentina encuentra centro clandestino de detención en Buenos Aires
La respuesta del Gobierno no fue la del diálogo, como intentara Alfonsín, que en su momento había sido calificado como señal de debilidad. Menem ordenó no negociar con "los forajidos" y "aplastar la sedición", una autorización a reprimir hasta las últimas consecuencias.
Los enfrentamientos se llevaron a cabo en simultáneo, aunque las actividades en el país, a diferencia de los alzamientos anteriores, donde se decretó el estado de sitio, no se suspendieron. La ciudadanía siguió el devenir de los acontecimientos desde las imágenes de la televisión.
El momento más crudo se vivió en las afueras de la fábrica de tanques TAMSE (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado) cuando un vehículo acorazado embistió un ómnibus urbano, en el que murieron cinco civiles. El soldado rebelde que manejaba el blindado se suicidó de un disparo en la sien dentro del tanque. El saldo de la jornada de violencia fue de 13 muertos, por lo menos 20 heridos, entre ellos dos periodistas alcanzados por las balas, y 300 detenidos.
Semanas más tarde, el 29 de diciembre de 1990, Menem decretó nuevos indultos, con la excusa de "pacificar el país", a los comandantes condenados en los juicios a las Juntas Militares de 1985, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini, y también a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
"A partir de ahí, Menem aplica una política de fuerte desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, empieza a vender edificios militares, les recorta presupuesto, unos años después, en 1994, va a eliminar el servicio militar obligatorio, cuando se produce la muerte de un conscripto que se llamaba Omar Carrasco. Una de las pocas, o tal vez la única virtud que tuvo la década menemista fue que los militares dejaran de ser un actor político de peso y orientarlos a misiones de paz", comentó Nuñez.
Seineldín, ideólogo del alzamiento, fue condenado a cadena perpetua, por 20 años, y finalmente indultado en 2003 por el presidente interino Eduardo Duhalde. Ese mismo año, las leyes de impunidad —como se conoce a las de Punto Final, Obediencia Debida y los decretos de Menem— fueron declarados nulos e inconstitucionales y los juicios por delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado comenzaron a ser reabiertos durante el Gobierno de Nestor Kirchner (2003-2007).
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