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    Cuando cumplir órdenes es un crimen: qué es la obediencia debida y por qué vuelve al tapete

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    La acusación presentada por la Fiscalía de Irlanda del Norte contra un exsoldado británico por la matanza de 1972 conocida como Domingo Sangriento volvió a poner en cuestión el concepto de “obediencia debida” como justificación para eximir de pena a los imputados por crímenes de lesa humanidad.

    "Soldado F", como se lo denominó para preservar su identidad, es el único acusado de un grupo de 16 veteranos que están bajo sospecha de haber cargado letalmente contra ciudadanos desarmados en Derry-Londonderry, segunda ciudad de Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1972.

    La masacre fue cometida por soldados del Regimiento de Paracaídas del Ejército Británico, que custodiaba la manifestación convocada por activistas contrarios a las detenciones presuntamente irregulares de integrantes del IRA.

    Núremberg

    El concepto de "obediencia debida" comenzó a ser discutido tras los procesos de Núremberg, cuando fueron juzgados los dirigentes y colaboradores nazis por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

    En esa oportunidad, la defensa de los acusados alegó que simplemente habían cumplido órdenes de sus superiores, por lo que no eran responsables de los crímenes cometidos. "Befehl ist Befehl" (órdenes son órdenes), argumentaron.

    Sin embargo, la Unión Soviética y los países aliados habían acordado en el Tratado de Londres que la "obediencia debida" no podía aplicarse a crímenes de guerra y crímenes contra la paz. Luego, los denominados "Principios de Nuremberg" ratificaron que actuar bajo las órdenes de un gobierno o de un superior no exime de la responsabilidad en materia de crímenes internacionales, "siempre que se demuestre que tenía la posibilidad de actuar de otra forma".

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    En Argentina, por ejemplo, el Código de Justicia Militar aprobado en 1951 disponía, en su artículo 514 que "cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable".

    El ejemplo de América Latina se extiende a Irlanda

    En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) hizo desaparecer 30.000 personas que fueron asesinadas sin juicios ni procesos. Las víctimas eran secuestradas por grupos de tareas y llevadas a campos como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), u otras instalaciones policiales o militares, a lo largo de todo el país.

    Con el retorno de la democracia en 1983, bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, se realizó el famoso Juicio a las Juntas, que culminó en 1985 con la condena de las cúpulas militares. A partir de entonces, se iniciaron juicios contra cientos de oficiales y suboficiales que habían participado en la represión ilegal.

    Esto provocó un amplio descontento en las filas armadas, que llevó a la rebelión de los "carapintadas" durante la Semana Santa de 1987.

    Como resultado, Alfonsín aprobó, el 4 de junio de 1987, la Ley de Obediencia Debida, que establecía una presunción de derecho, es decir, que no admitía prueba en contrario, de que los delitos cometidos por soldados, oficiales o suboficiales por debajo de coronel no debían ser castigados por haber actuado bajo el concepto de la "obediencia debida".

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    Esto, sumado el indulto dictado por  el presidente Carlos Menem en 1990 a los altos mandos condenados en 1985, significó la impunidad para todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

    En 2003, el Congreso argentino aprobó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que paralizaban todas las causas contra represores. Desd eentonces, se iniciaron los juicios que, a octubre de 2017, habían permitido la condena de unos 818 exmilitares  en 173 causas, en uno de los mayores procesos judiciales contra una dictadura de que se tenga memoria.

    La obediencia debida también fue polémica en Chile en 2008, cuando el entonces general del Ejército Gonzalo Santelices debió renunciar a su cargo luego de que se conociera su participación en el operativo conocido como "Caravana de la Muerte" durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese momento, Santelices fue defendido por sectores políticos y la Iglesia Católica, que señalaron que el militar habría sido asesinado si no hubiera cumplido la orden de supervisar la ejecución de 14 presos políticos.

    En Ciudad de México, un operativo policial en la discoteca New's Divine provocó una estampida en la que murieron 12 adolescentes y 16 resultaron heridos, en junio de 2008. La tragedia motivó un juicio en el que las autoridades policiales alegaron que los policías que intervinieron en el operativo habían cumplido órdenes y no debían ser responsabilizados por lo ocurrido.

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    obediencia debida, justicia, Juicio de Núremberg, Domingo Sangriento, Segunda Guerra Mundial, Irlanda del Norte, Argentina, Chile, América Latina, México