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La Fiscalía española cree que lo aportado por Suiza sobre Juan Carlos I "abre nuevas perspectivas" al caso

© AP Photo / Andrea ComasEl rey Felipe VI junto al rey emérito Juan Carlos I
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El cobro de comisiones del rey emérito por las obras del AVE a La Meca está siendo inspeccionado por el Tribunal Supremo.

“La comisión rogatoria solicitada en su momento a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra —pese a que, a día de hoy, no ha sido cumplimentada en su totalidad—, abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento”.

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Así se ha manifestado la Fiscalía General del Estado al Tribunal Supremo el 1 de octubre en relación a las diligencias que mantiene abiertas sobre el rey emérito y su vinculación con el cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca.

Lo ha hecho en un informe de 14 páginas que rechaza la querella del grupo independentista catalán Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por delitos económicos. Firmado por Juan Ignacio Campos (fiscal que lidera la causa), el escrito considera que es pronto para determinar si existen indicios de que el padre de Felipe VI cometiera algún hecho delictivo.

La falta de parte de la documentación es clave para emprender una causa judicial en la que el emérito esté imputado. También se asegura que la investigación ha mejorado "cuantitativa y cualitativamente" y que su objetivo es concretar si hay o no prueba de comportamiento irregular.

Se refieren en el texto a un decreto remitido previamente por la fiscal general, Dolores Delgado, donde se subraya que, "en el momento presente, no resulta posible establecer ni tampoco descartar la participación de don Juan Carlos en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad".

Es la forma de recalcar la inviolabilidad del rey, aunque este obstáculo no impidiera que en junio se recibiera parte de la información en poder del fiscal suizo Yves Bertossa. Se le solicitó entonces para seguir indagando sobre algunos aspectos del depósito de 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros) que Arabia Saudí pagó en 2008 a Juan Carlos I. Según el procedimiento de Ginebra, el 8 de agosto de ese año, la fundación panameña Lucum ingresó esa cantidad en la entidad Mirabaud, donados al monarca por la casa real de Arabia Saudí.

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Lucum solo tenía ocho días desde su creación. Después, la Fiscalía suiza tiró del hilo para rastrear más movimientos de dinero y citó a varios testigos, como su examiga Corinna Larsen o los abogados y testaferros Dante Canónica y Arturo Fasana. La aristócrata alemana argumentó haber recibido del emérito 65 millones de euros "por amor". En España, las pesquisas para ser juzgado solo podían abarcar el periodo posterior a 2014 para ser aceptadas, cuando el Rey abdicó.

Según lo que se ha ido sabiendo posteriormente, la fundación Lucum, administrada por Canónica y Fasana, sitúa a Juan Carlos I como su primer beneficiario. Felipe VI, rey actual, también figuraba, tal y como reveló el diario inglés The Telegraph, como otro de los beneficiarios.

​El Ministerio Público español contactó con los responsables del cantón suizo para conocer los datos de identificación de los titulares, los autorizados y el beneficiario último (UBO), según lo publicado por El Confidencial. También "el domicilio de envío de la correspondencia desde su apertura".

La Fiscalía reclamaba además "todos los movimientos registrados en la cuenta desde su apertura hasta su cancelación, con identificación del origen y destino de los fondos". La cuenta se cerró, según la información que ha ido comunicando Bertossa, después de que se efectuara una transferencia por la cantidad total a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.

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La Fiscalía española reclamó que se le remitiera "cualquier documento del que pudiera disponer relacionado con el titular y el beneficiario último de la cuenta y con las operaciones realizadas desde la misma". Además, solicitaba copia de cuatro declaraciones clave para rastrear las donaciones, entre las que destaca una de 1,7 millones de euros del emir de Baréin y continuas extracciones de efectivo.

Con la comisión rogatoria y la información suiza, la fiscalía del Supremo determinará si el movimiento de fondos que vincula en grado indiciario con presuntos delitos de blanqueo y fiscales fue anterior o posterior a 2014, fecha de la abdicación. Una vez esté la documentación en manos del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, el fiscal Juan Ignacio Campos tendrá que decidir qué hacer.

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