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    La investigación del supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Juan Carlos I avanza en medio del proceso de desescalada de las medidas de confinamiento en el país. Pese a su desprestigio personal, ¿se podrá evitar que la institución monárquica como eje vertebrador del Estado quede erosionada?

    De no haber sido por la extrema gravedad de la pandemia de coronavirus, la noticia sobre los problemas fiscales del rey emérito de España habrían ocupado todos los titulares de la actualidad informativa desde principios de marzo, cuando el diario ginebrino Tribune de Genève informó en portada de que la Fiscalía suiza estaba investigando una donación millonaria del rey de Arabia Saudí al monarca español.

    El asunto relacionaba esa donación, de unos 100 millones de dólares y efectuada en el banco suizo Mirabaud, con el pago de comisiones a Juan Carlos de Borbón por su intermediación en la adjudicación de un contrato por valor de 6.736 millones de euros a empresas españolas para la construcción de una línea férrea de alta velocidad entre las ciudades  de Medina y La Meca. A raíz de la publicación de varios detalles de la investigación, el rey Felipe VI anunció oficialmente el 15 de marzo que renunciaba a la herencia de su padre, además de retirarle la asignación (194.232 euros) que en el marco de la Constitución todavía percibía.

    Una trayectoria permitida por ley

    El impacto mediático del anuncio de esta renuncia quedó en principio mitigado porque en la víspera se había declarado el estado de alarma en toda España con motivo del rápido aumento de los contagios por COVID-19, quedando toda su población en teoría confinada en medio de una conmoción generalizada.

    Pero desde el punto de vista jurídico, la gravedad del asunto era tan grande como fútil el intento de renuncia a la herencia paterna por parte del hijo. Se trató más bien de un gesto, escenificar que se desligaba a la Corona con cualquier conducta ilícita o turbia, habida cuenta de que la segunda década del siglo en curso ha sido prolífica en escándalos para la Casa Real española. El procesamiento y posterior encarcelamiento de Iñaki Urdangarín, yerno de Juan Carlos I, o su propio accidente durante una cacería de elefantes en Botswana que dio paso a la revelación de datos sobre actividades dudosas, obraron que la opinión pública se cuestionase muchas de las conductas del monarca, así como el origen de una fortuna personal que la revista Forbes cifra en 2.000 millones de euros.

    "Desde los años noventa se sabía que Juan Carlos I era presuntamente un corrupto de vida disoluta y que gustaba de intervenir en la vida política con demasiada frecuencia. Pero no había pruebas. Y cuando aparecían, llegaba la omertà", explica a Sputnik el politólogo Manuel Monereo, aludiendo con este vocablo italiano a una especie de ley del silencio que de facto imperó durante muchos años en España en lo que tocaba a la institución monárquica. "La omertà fue consciente y sistemática entre medios de comunicación y poderes económicos en alianza con los dos grandes partidos que gobernaban España, PSOE y PP, para ocultar los negocios, actividades políticas y excesos permanentes de Juan Carlos I", afirma Monereo, recordando que es la Constitución española mediante el artículo 56.3 la que ha posibilitado esta situación, "porque consagra la irresponsabilidad de cualquier tipo de actividad del rey ante la ley".

    Pero con su abdicación, Juan Carlos I dejó de estar amparado por el artículo 56.3. La actual investigación de la Fiscalía Anticorrupción intentará esclarecer si alguno de los posibles delitos los cometió con posterioridad a junio de 2014, cuando cedió el trono a su hijo Felipe VI y perdió la inmunidad jurídica de la que gozaba como jefe del Estado hasta entonces. Es decir, la comisión se abonó en 2008, pero los fiscales habrán de precisar si el rey emérito incurrió en blanqueo de capitales al mover el dinero hacia Panamá, así como si cometió otro delito fiscal al no informar al fisco español de sus rentas en el extranjero.

    La influencia del caso en la arquitectura del Estado

    La investigación en curso sobre las presuntas corruptelas de Juan Carlos I da pie a todo tipo de elucubraciones acerca de las consecuencias que podría tener en la configuración del Estado y el propio futuro de la corona española.

    Lo cierto es que el golpe resta crédito al relato institucional del país, que confería una vitola de garante del sistema democrático al monarca. "Pero no va a pasar nada. Habrá un acuerdo más o menos explícito para salvar al rey Felipe VI, para que no se vea mezclado en este asunto de las comisiones de los saudíes. Aunque se abrirá un debate público, donde la figura del rey no saldrá bien parada", señala Manuel Monereo. En opinión de este politólogo, es la aparición primero del movimiento 15M en 2011 y luego de la formación política Podemos en 2014 ―ambos plantearon una toma de conciencia y una enmienda al sistema― la que provocó un cambio en la percepción de la situación en la propia Casa Real, donde finalmente se decidió hacer caso de los consejos de personalidades influyentes de la política española. "Ahí le dicen a Juan Carlos que se fuera, porque de lo contrario la corona del hijo peligraba", dice. 

    Pero tampoco está claro que se vaya a aprovechar la coyuntura para tratar de discutir la forma de organización política de España. Y eso que Unidas Podemos (UP) está en el Gobierno. La crisis sanitaria y económica es tan grave, que apenas deja espacio para otras iniciativas. "Y hay un segundo aspecto: Felipe VI está haciendo todo lo posible por desconectar a su padre, por desligarse de sus actividades", continúa Monereo. "El problema es que Juan Carlos I se ha dedicado a estas cosas desde que reina, porque ya le pidió dinero a los jeques árabes para financiar a la UCD durante la Transición, para las elecciones de 1977".  

    "El rey se ha hecho rico lucrándose con el ejercicio de su poder", afirma Manuel Monereo, quien cree poco probable que Felipe VI desconociera sus actividades. "Aunque también puede argumentarse que esta misma circunstancia fue lo que provocó que le pidiera abandonar la jefatura del Estado".

    "Ya en los años noventa hubo un intento por parte de algunos poderes de echar a Juan Carlos I del trono por sus actividades irregulares, así que su familia debía saber exactamente a lo que se dedicaba. El problema es determinar cuántos de sus miembros se han lucrado por tales actividades, aparte de su yerno Iñaki Urdangarín, quien parece que no pudo ejecutar sus delitos sin la connivencia de Juan Carlos", zanja.

    Los apoyos al orden monárquico

    Los escándalos de corrupción de la Casa Real no sólo ponen en aprietos al actual rey y a un prestigio aun por labrar. "El problema que se evidencia y que la figura del rey pone de manifiesto es que la corrupción política en España es sistémica", declara Monereo.

    "Es decir, que la máxima magistratura del Estado cometiera actos de corrupción de altísimo voltaje, conecta con otras partes del sistema que a través de las cloacas del Estado organizaban todo tipo de conspiraciones. La España que se desploma con la crisis de 2008 y que denuncia el 15M es una España corrupta que se rige por un capitalismo muy depredador", afirma.

    El cuestionamiento del orden constitucional al que podrían dar lugar estos escándalos, no tiene apenas reflejo en los partidos de la derecha española, tradicionalmente un apoyo firme. "El partido más monárquico hoy en día es Vox; ha hecho del principio monárquico su propia esencia", asegura este politólogo. "La derecha tradicional tiene por cabeza al rey y no considera un demérito tener uno que sea corrupto. Les parece muy normal que un rey use los poderes públicos para enriquecerse ", explica, aludiendo a la querencia de este espectro político por esta forma piramidal de la organización del Estado aun cuando pueda amparar una corrupción estructural.

    "La derecha defiende una concepción patrimonialista del Estado, del capitalismo y de las instituciones", prosigue en su explicación, "de ahí que consideren que este es su país, su Policía, su Guardia Civil y su Ejército. Es decir, las instituciones del Estado regidas por el rey son su Estado ideal. Por eso han hecho de la vía monárquica la esencia misma de su concepción de España. Para ellos el principio monárquico se opone a cualquier otra concepción del país que no sea partir del rey", explica.

    Sin embargo, no está claro que a la propia institución monárquica le convenga el apoyo explícito de estas fuerzas. De hecho, en España siempre se consideró que el mejor apoyo del rey partía del PSOE. En la actual situación, ¿conviene a la institución el apoyo de fuerzas con concepción patrimonialista del Estado? "Mi opinión es que no", dice Monereo, también exdiputado en el Parlamento español por UP. "Juan Carlos no era tonto y siempre supo que tenía que tener un apoyo en la izquierda, que de hecho tiene. El sistema funcionará bien siempre que los apoyos no partan sólo de la derecha. La prueba es que Alfredo Pérez Rubalcaba [exsecretario general del PSOE] fue una de las figuras clave en la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI, asegurando la vigencia de la corona", remata.

    El posible exilio al Caribe

    En las últimas semanas se cita a la República Dominicana como uno de los posibles destinos que elegiría Juan Carlos I para exiliarse. La anécdota resultaría descabellada de no ser por la absoluta necesidad de Felipe VI de establecer una especie de cortafuegos con la figura paterna.

    Y hay un factor más. La República Dominicana, donde amigos personales del rey como el magnate mexicano Carlos Slim o el expresidente español Felipe González poseen propiedades, tiene suscrito con España un acuerdo de extradición cuya laxitud podría convenir perfectamente para los intereses del rey caído en desgracia. "Sería la peor noticia para la monarquía española, desde luego", admite Monereo, quien no cree que "el hombre de la Transición" vaya a acabar su vida emigrando al Caribe. "Sería algo tremendo", concluye. En todo caso, el eventual traslado de residencia de Juan Carlos de Borbón casaría con el destino que siguieron su padre y su abuelo, dado que Don Juan de Borbón vivió muchos años exiliado en Estoril (Portugal) y Alfonso XIII en ciudades como París y Roma, donde murió.

    ¿Conocía Felipe VI la existencia del dinero?

    Recordamos que la Fiscalía suiza sospecha que Juan Carlos I habría percibido una comisión de los saudíes tras haber convencido a los constructores españoles para que bajaran el precio del contrato del tren de alta velocidad en el país árabe y abaratar los costes del proyecto.

    El capital supuestamente se transfirió a la cuenta en el banco Mirabaud de la fundación panameña Lucum, vinculada al rey emérito. Al parecer, Juan Carlos I retiraba regularmente dinero de esa cuenta hasta que finalmente la cerró en 2012, cuando Suiza endureció sus leyes antiblanqueo. A partir de ahí, el rey emérito repartió el dinero que quedaba en ella entre dos de sus examantes: 65 millones para la alemana Corinna Larsen y otros 2 millones para española Marta Gayá. El problema es que, según diversas informaciones reveladas el mismo día en que en España se declaraba el estado de alarma, el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de la fundación Lucum, con sede en Panamá y adonde los saudíes enviaron los 100 millones. El actual monarca español conocía la existencia de Lucum desde un año atrás, pues en marzo de 2019 los abogados de Corinna Larsen así se lo hicieron saber. Sin embargo, Felipe VI no tomó ninguna decisión hasta que tal información apareció en la prensa.

    El 8 de junio la Fiscalía Anticorrupción, que depende del Tribunal Supremo, inició diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal contra Juan Carlos de Borbón. De su investigación se encargarán un equipo de fiscales encabezados por Juan Ignacio Campos, especialista en delitos económicos y a punto de jubilarse tras 42 años dedicados a la carrera fiscal.

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