El letrado de Sànchez, Jordi Pina, presentó la petición respectivamente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.
La defensa considera que presidir la Generalitat es "la manera más adecuada de garantizar no sólo el pleno respeto a su presunción de inocencia, a sus derechos políticos y a los derechos de quienes le han elegido, sino también de preservar el normal funcionamiento de las instituciones catalanas y la plena legitimidad democrática del futuro ejecutivo catalán".
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Ahora, dijo Pina en declaraciones a Catalunya Ràdio, "la patata caliente" la tienen el Tribunal Constitucional y Pablo Llarena, el magistrado que instruye la causa general por el referéndum de autodeterminación de Cataluña en el Tribunal Supremo.
Sànchez se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real sin fianza desde el 16 de octubre de 2017, investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de sedición.
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El dirigente independentista encarcelado fue elegido como nuevo candidato a la presidencia luego que Carles Puigdemont se apartase "provisionalmente".
Al mismo tiempo el consejero de Interior del Gobierno catalán en la pasada legislatura, Joaquim Forn, también pidió su liberación de la prisión, según informa la prensa local.
Además de los motivos aducidos anteriormente, la defensa señala en esta ocasión circunstancias de carácter personal.
Forn se encuentra en prisión preventiva y sin fianza en la cárcel de Estremera, investigado por su relación con la organización y celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.
El Tribunal Supremo considera al exconsejero de Interior responsable de "la inacción" de los Mossos d'Esquadra (Policía catalana) en el operativo policial encargado de desarticular el referendo de autodeterminación unilateral.
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El político catalán ya solicitó su excarcelación al Tribunal Supremo hasta tres veces, pero le fue denegada por el juez por "riesgo de reiteración delictiva".
