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    MADRID (Sputnik) — La llegada de migrantes a las Islas Canarias desde el noroeste de África se disparó en las últimas semanas hasta desbordar la capacidad de acogida del archipiélago, dejando imágenes que recuerdan a la crisis de los cayucos del año 2006, aunque los datos absolutos siguen lejos de las cifras registradas entonces.

    Según datos del Ministerio del Interior de España, hasta el 1 de noviembre las Islas Canarias recibieron la llegada de 11.400 migrantes irregulares, lo que supone un incremento del 664% respecto a las 1.500 llegadas del año 2019.

    Pese al espectacular aumento en términos interanuales, la presión migratoria dista de las 32.000 llegadas de 2006. No obstante, la pandemia de COVID-19 empeora las cosas, dibujando un escenario de completa desatención para quienes desembarcan en el archipiélago.

    Además, el ritmo al que se producen las llegadas no para de crecer: entre el 7 y el 9 de noviembre un total de 2.500 personas llegaron a las costas canarias, lo que supone una concentración de desembarcos en 72 horas que no se vio ni siquiera en 2006.

    Colpaso en el puerto

    La zona cero de la actual crisis migratoria se encuentra en el Puerto de Arguineguin, en la isla de Gran Canaria, donde centenares de personas se agolpan en un campamento de emergencia a la espera de ser reubicados.

    En la noche de este 10 de noviembre cerca de 2.000 migrantes se vieron obligaron a dormir hacinadas en esas instalaciones, que tienen una capacidad para albergar a alrededor de 400 personas.

    Las condiciones de hacinamiento cuentan con el agravante de que el puerto es la zona habilitada para hacer pruebas PCR a los migrantes que llegan a la isla, por lo que la concentración de personas supone además un riesgo sanitario.

    La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que el puerto se ha convertido en el escenario de una "una grave situación humanitaria" con "centenares de personas durmiendo sobre el asfalto y a la intemperie".

    Indefensión jurídica

    Además, el colapso de las instalaciones dificulta que los migrantes puedan ejercer su derecho a recibir asesoría legal en las primeras 72 horas tras su llegada, lo que según las organizaciones humanitarias deja en una clara indefensión jurídica a posibles solicitantes de asilo.

    Por ello, las organizaciones civiles piden al Gobierno español habilitar vías para sacar a los migrantes de la isla, permitiendo que sean atendidos debidamente en territorio peninsular.

    "Canarias no puede convertirse en un agujero negro en materia de derechos, como lo han sido las islas griegas, ni el coronavirus puede ser la excusa para no afrontar un incremento de llegadas que lleva produciéndose desde hace más de un año. Busquemos alternativas", propone Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias.

    Sin respuestas

    El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, visitó este fin de semana el archipiélago junto a la Comisaria Europea de interior, Ilva Johansson.

    Tras esa visita, Marlaska se comprometió a habilitar terrenos militares para que "los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial" de una forma que garantice "tanto la dignidad de las personas migrantes como el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios".

    Sin embargo, no ofreció ningún horizonte temporal, limitándose a decir que el muelle se desalojaría "en unas semanas", lo que generó malestar entre las autoridades regionales.

    "Vuelve con promesas para las próximas semanas, mientras continúa el goteo de personas que llegan por el mar", denunció este 9 de noviembre el vicepresidente canario, Román Rodríguez.

    Mientras el puerto sigue desbordado, el Gobierno español sí se apresuró a reactivar los vuelos de deportación.

    Esta polémica práctica, que se detuvo en marzo con la llegada de la pandemia, fue activada de nuevo este 10 de noviembre para devolver a Mauritania a 22 jóvenes que llevaban un mes en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, según reveló la Cadena SER.

    Una ruta mortífera

    Según el análisis realizado por los expertos de CEAR, el repunte de las llegadas a Canarias se debe a la incorporación de nuevos perfiles a la ruta migratoria a causa de la pandemia.

    A las personas procedentes de Mali —predominantes en las llegadas del primer semestre del año– se han ido sumando otras personas procedentes de Marruecos o Senegal que huyen del impacto económico de la pandemia en sus hogares.

    Esto a su vez implica que los migrantes cada vez toman más riesgos en su intento por llegar a España, ya que las salidas desde la costa senegalesa —que en muchos casos se hacen desde el sur del país, en ciudades como Mbour— conllevan más días de travesía.

    La peligrosidad de la ruta quedó demostrada a finales de octubre, cuando un cayuco que transportaba a unos 200 migrantes se hundió frente a la costa senegalesa.

    Efectivos de las marinas de Senegal y España en colaboración con los pescadores de la zona consiguieron rescatar a 59 personas y encontraron los cuerpos sin vida de otras 20.

    Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 140 de los tripulantes desaparecieron en el mar o se ahogaron, en lo que supone "el naufragio más mortífero en lo que va de 2020".

    De acuerdo con los datos de la OIM al menos 414 personas fallecieron este 2020 tratando de llegar a unas Islas Canarias que a día de hoy no tienen capacidad para atender dignamente y con garantías legales a quienes desembarcan en sus costas.

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    España, Islas Canarias, migrantes, migración
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