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    El alto el fuego en Nagorno Karabaj (118)
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    MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea exigió la salida de todos los mercenarios que participaron en el conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán.

    "La UE pide la retirada completa e inmediata de todos los combatientes extranjeros de esa región", indicó el Alto Representante para la Política Exterior del bloque comunitario, Josep Borrell, en una declaración.

    Desde el comienzo de las hostilidades el 27 de septiembre hubo repetidas denuncias sobre el envío de rebeldes sirios a Azerbaiyán para combatir en Nagorno Karabaj.

    Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Uso de Mercenarios, Turquía está involucrada en el reclutamiento y traslado a gran escala de combatientes sirios a esta zona, algo que el Gobierno de Ankara niega y califica de desinformación.

    Borrell instó también a todos los actores regionales a "abstenerse de cualquier acción o retórica que pueda poner en peligro el alto el fuego" conseguido con la mediación de Rusia.

    El jefe de la diplomacia europea volvió a saludar el cese del fuego y llamó a Armenia y a Azerbaiyán a "cumplir estrictamente el pacto para evitar más pérdidas de vidas".

    "La UE seguirá de cerca la implementación del alto el fuego, especialmente en lo que respecta a su mecanismo de seguimiento", subrayó.

    Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto el fuego en Nagorno Karabaj, con la mediación de Rusia, que entró en vigor el 10 de noviembre y puso fin a las hostilidades que se producían desde el pasado 27 de septiembre.

    El armisticio contempla el despliegue de un contingente de 1.960 pacificadores rusos en la línea de separación de las tropas armenias y azerbaiyanas.

    Nagorno Karabaj, de población mayoritariamente armenia, es foco de conflicto desde que decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

    Sanciones a Bielorrusia

    Asimismo, el Alto Representante anunció nuevas sanciones europeas a Bielorrusia.

    "Hemos acordado hoy proceder con la preparación de una nueva ronda de sanciones en respuesta a la brutalidad de las autoridades y en apoyo a los derechos democráticos del pueblo bielorruso", dijo Borrell.

    Precisó que las nuevas sanciones se aplicarán no solo contra personas físicas, sino también contra estructuras gubernamentales y empresas.

    Hasta el momento, afirmó, el líder actual del país, Alexandr Lukashenko, "no ha mostrado ninguna señal positiva" mientras sigue rechazando entablar cualquier diálogo con la Unión Europea (UE) y reprimiendo a ciudadanos.

    Borrell admitió que la situación en Bielorrusia sigue deteriorándose, por lo que la UE se ve obligada a responder con los medios a su disposición.

    "No nos rendiremos ante las represiones por parte del régimen de Bielorrusia", dijo.

    El jefe de la diplomacia europea declaró que los países miembros de la UE ya recibieron un informe sobre todos los aspectos de las relaciones con Bielorrusia y lo examinarán en la próxima sesión del consejo de ministros de Exteriores.

    Además, Borrell aseguró que "todos los fondos de la UE asignados para Bielorrusia se entregarán a la sociedad civil" a través de ONGs y organizaciones internacionales.

    "El régimen de Lukashenko no recibirá ni un solo euro de la UE", enfatizó.

    En Bielorrusia continúan las protestas desde las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tijanóvskaya, con el 10,12%.

    La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.

    El 2 de octubre, la UE formalizó medidas restrictivas contra 40 funcionarios bielorrusos que, según Bruselas, son responsables de la violencia durante las protestas y de la falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales.

    Un mes después, el bloque comunitario aprobó una segunda tanda de sanciones, que afectan al presidente Lukashenko, su hijo Víctor y otras 13 personas.

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