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    España niega la incursión de uno de sus buques en aguas de Gibraltar

    © REUTERS / Jon Nazca
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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España negó que uno de sus barcos, el Buque de Acción Marítima 'Tornado', realizara una incursión en aguas de Gibraltar, tal y como denunciaron las autoridades del territorio de ultramar británico.

    "En relación a su actuación este domingo [17 de febrero], en aguas cercanas a Gibraltar, el 'Tornado' llevó a cabo llamadas a tres buques mercantes que se encontraban incumpliendo la normativa de seguridad marítima en aguas territoriales españolas", explicó en rueda de prensa el canciller español, Josep Borrell.

    Según la versión de las autoridades españolas, el buque "Tornado" se encuentra desplegado en aguas del estrecho de Gibraltar para realizar operaciones de vigilancia de seguridad marítima, por lo que "entre sus cometidos se encuentra velar porque la comunidad mercante cumpla con el derecho de paso inocente"

    Borrell explicó que los barcos mercantes estaban "incumpliendo" con su derecho de paso al encontrarse estacionados, por lo que el buque español decidió llamar la atención a esos barcos, que "respondieron la petición y abandonaron la zona".

    "Es una misión habitual que desempeñan los buques de la armada cuando operan en aguas de soberanía nacional", dijo Borrell, quitando hierro al asunto.

    Sin embargo, el Gobierno de Gibraltar califica la actuación del buque español como "ilegal".

    Según la versión de las autoridades gibraltareñas, reflejada en un comunicado emitido este 18 de febrero, "un buque de guerra español intentó tomar medidas ejecutivas en las aguas territoriales británicas de Gibraltar"

    En concreto, el comunicado denuncia que la petición del buque español a los barcos mercantes se realiza en base a una interpretación errónea del derecho internacional, según la cual las aguas en las que se produjo el incidente son españolas, algo que Gibraltar niega.

    Además, Gibraltar denuncia que el barco español tenía "las armas descubiertas".

    "Por lo tanto, el Gobierno sostiene que se trataba de una incursión ilegal que tenía como objetivo hacer una declaración política sobre la soberanía de nuestras aguas", prosigue el comunicado.

    En opinión de Gibraltar, esta acción no supone "por sí misma" una amenaza a su soberanía, pero sí refleja que España pretende "socavarla".

    "Parece que todavía hay algunos en la marina española que piensan que pueden violar el derecho internacional", añade el Gobierno gibraltareño.

    El canciller español, Josep Borrell, discutió sobre el suceso este lunes con su homólogo británico, Jeremy Hunt, con quien coincidió en Bruselas.

    Según la versión de Borrell, el asunto fue tratado de forma superficial y la reunión estuvo centrada, sobre todo, en discutir cuestiones relativas al Brexit.

    Este 18 de febrero una portavoz del Gobierno británico afirmó en declaraciones a la agencia Reuters que, en opinión de Londres, no se produjo ninguna incursión, aunque insistió en que el Reino Unido sigue considerando como propias las aguas adyacentes al Peñón.

    "No ha habido ninguna incursión en esta ocasión. Estamos seguros de nuestra soberanía sobre todo Gibraltar, incluidas las aguas británico-gibraltareñas territoriales, y cualquier incursión es una violación de la soberanía, pero no una amenaza a la misma", afirmó el portavoz británico.

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    Cada año las autoridades gibraltareñas denuncian múltiples incursiones supuestamente ilegales por parte de naves españolas en aguas adyacentes al peñón de Gibraltar.

    Por su parte, España considera que todas las aguas adyacentes al peñón son aguas españolas.

    La posición de España es que el Tratado de Utretch, firmado al término de la Guerra de Sucesión Española (1710-1713), reconoce a la corona británica potestad sobre la ciudad y el puerto de Gibraltar, pero no sobre sus aguas.

    Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, que entró en vigor en 1994, estableció que todo territorio costero debía tener la jurisdicción de sus aguas adyacentes.

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    España ratificó ese documento en 1997, pero se reservó una "cláusula interpretativa legal" en la que estableció que ese "texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el Tratado de Utrecht".

    Reino Unido no aceptó esa interpretación española de la norma y estableció para Gibraltar un mar jurisdiccional de tres millas, algo que España no reconoce a pesar de que el tratado de Naciones Unidas otorga hasta 12 millas a cada Estado.

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