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    El Tribunal Supremo de España suspende a seis diputados independentistas

    CC BY-SA 3.0 / FDV / Tribunal Supremo, Madrid
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    MADRID (Sputnik) — El juez Pablo Llarena, encargado de instruir en el Tribunal Supremo la causa por los presuntos delitos del independentismo catalán, comunicó la suspensión de funciones y cargos para seis diputados procesados por delitos de rebelión.

    Según informó el Tribunal Supremo, el magistrado tomó esta decisión en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "contempla la suspensión de sus funciones o cargo público para los procesados por rebeldía que se encuentren en situación de prisión".

    La suspensión, que tiene carácter temporal, afecta al expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, que actualmente se encuentra en Alemania a la espera de que se resuelva su posible extradición a España.

    Los otros diputados suspendidos son el ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, el exconsejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, el exconsejero de Territorio, Josep Rull, el exportavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull y el diputado Jordi Sànchez, expresidente de la organización civil Asamblea Nacional Catalana.

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    Estos últimos se encuentran todos encarcelados de manera preventiva en un centro penitenciario de Barcelona.

    ​El juez destacó que la suspensión de los diputados es una medida cautelar de naturaleza "extraordinaria" que "persigue preservar el orden constitucional" impidiendo que personas procesadas por "haber desafiado de forma grave el orden de convivencia" puedan continuar en el desempeño de funciones públicas. 

    La decisión del magistrado también afecta al diputado Toni Comín (exconsejero catalán de Salud), que se encuentra en Bruselas, pero en su caso la suspensión no se aplicará ya que todavía cabe recurso contra su procesamiento.

    Lo mismo ocurre con Meritxell Serret (exconsejera de Agricultura), que aunque no es diputada, puede ser suspendida del cargo que ostenta como representante del Gobierno catalán ante la Unión Europea.

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    En su auto, el juez subraya que la suspensión no supone la inhabilitación de las personas procesadas, pues las medidas cautelares adoptadas este 10 de julio son provisionales y reversibles.

    "La medida de suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos, lo que supondría la inmediata reactivación del derecho de los procesados a representar a sus electores", afirma el magistrado.

    Ante esta suspensión provisional de seis diputados, los grupos parlamentarios que componen la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña pueden buscar sustitutos dentro de sus candidaturas.

    "No existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento", relata el juez.

    Con su auto de este 10 de julio, el juez declaró concluido el sumario de la causa donde están procesadas 25 personas por delitos de rebelión, sedición, malversación o desobediencia por su participación en el proceso independentista de Cataluña.

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    No obstante, la conclusión del sumario no afecta a 7 de esas 25 personas que se encuentran en Bélgica, Alemania o Suiza para eludir al Tribunal Supremo.

    Para estas siete personas, el juez acordó declararlos en rebeldía, por lo que se suspende el curso de la causa respecto a ellos, quedando sus casos enmarcados en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del magistrado.

    El independentismo acusa de parcialidad a la Justicia

    Puigdemont fue uno de los primeros políticos catalanes en contestar a la medida.

    "Esta decisión describe el nivel de calidad democrática del Estado: el voto de los ciudadanos, dañado por una 'justicia' que continúa haciendo política", escribió el expresidente catalán en su cuenta de Twitter.

    ​Según el líder independentista, el proceso "será largo, pero ganaremos".

    "La república ha de hacer prevalecer los derechos fundamentales que la monarquía del 155 pisotea", agregó.

    Esta opinión coincide con la del Gobierno catalán, cuya portavoz, Elsa Artadi, acusó a la Justicia de querer "alterar las mayorías parlamentarias".

    Con todo, Artadi llamó a mantener la tranquilidad y las protestas pacíficas.

    Finalmente, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) demandó a la Mesa del Parlamento catalán que actúe "preservando los derechos políticos" de los cargos "represaliados por motivos injustos".

    "Sus derechos han de quedar intactos, independientemente de cualquier resolución judicial", afirmó la diputada de la formación de la izquierda independentista radical, Maria Sirvent, comentando los hechos.

    A juicio de la CUP, "el pleno [del Parlamento catalán] ha de decidir sobre esta cuestión, dejando claro que no se vulnerarán sus derechos". 

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