Este lunes arrancó el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau, a los que se les acusa de delitos de desobediencia grave y prevaricación por impulsar y permitir la citada consulta soberanista en contra de las disposiciones del Tribunal Constitucional.
La defensa de los políticos catalanes, que declararon el lunes ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se basó en argumentar que no incurrieron en un delito de desobediencia porque la providencia del Tribunal Constitucional era ambigua y porque cambiaron el formato de la consulta tras conocer su decisión de declararla ilegal.
En su declaración, Mas admitió ser el máximo responsable político de la consulta, pero negó la existencia de base para juzgar a los miembros del Gobierno argumentando que tras la prohibición del proceso participativo, el Ejecutivo se apartó y fueron 42.000 voluntarios los que permitieron la celebración del referéndum.
En la citada consulta, declarada ilegal y sin ningún tipo de reconocimiento por parte de España, participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
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En opinión de la CUP, los políticos catalanes no deberían atenerse a "brechas legales" y deberían admitir su desobediencia ante la "orden injusta" del Tribunal Constitucional.
"Es un juicio político y la defensa tendría que ser política", argumentó Botran.
"Será ilegal a ojos del Tribunal Constitucional, pero no debe haceros recular, porque será legítimo, porque estará basado en dar voz a la gente, poner urnas y dar garantías a los ciudadanos del 'sí' y a los del 'no'", afirmó el diputado de la CUP.
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Después de las declaraciones de los acusados en la jornada del lunes, el juicio continuó este 7 de febrero con interrogatorios a varios testigos, la mayor parte de ellos la relacionados con instituciones de enseñanza, que comparecieron para intentar esclarecer cómo y bajo qué circunstancias se pusieron las urnas en los centros educativos.
Además, este 7 de febrero testificaron los encargados del soporte técnico e informático de los preparativos de la consulta.
