"No se han solucionado problemas y tal vez se hayan creado otros que no teníamos (…) no hay programa, los resultados son iguales o peores que antes y hasta ahora no sabemos si hay alguna planificación, cuál es la meta y cuánto va a costar", lamentó la coordinadora del Observatorio de la Intervención Silvia Ramos en rueda de prensa.
La intervención fue decretada como una medida urgente por el Gobierno Temer a mediados de febrero, alegando que las autoridades de Río de Janeiro no estaban sabiendo afrontar la ola de violencia que afectaba a la región; desde entonces y hasta el 31 de diciembre de este año la seguridad pública en el estado de Río está en manos de las Fuerzas Armadas.
En los meses de febrero y marzo en total el estado de Río registró 940 homicidios, 19 policías fueron asesinados y la policía mató a 209 personas, a pesar de la teórica seguridad que iba a traer la coordinación militar.
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El informe detalla que en estos dos meses los militares llevaron a cabo al menos 70 operaciones (sobre todo en favelas y zonas periféricas dela región metropolitana de Río) en las que dejaron un rastro de 25 muertos; participaron alrededor de 40.000 hombres, que apenas lograron incautar 140 armas.
El informe, impulsado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cândido Mendes de Río de Janeiro (Ucam) también incluye una encuesta que muestra que el 92 por ciento de los cariocas tienen miedo de morir asesinados en un atraco, recibir el impacto de una bala perdida o verse en medio de un tiroteo entre narcotraficantes y policías.
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"Es prácticamente una percepción universal; este es el miedo de Río de Janeiro", resaltó Ramos, que subrayó que ninguna política de seguridad tendrá éxito si no se basa en la premisa básica de intentar evitar al máximo los tiroteos, el enfrentamiento armado, la circulación de armas, etc.
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Además, Río de Janeiro no está ni siquiera entre las regiones más violentas de Brasil: según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública de 2017 está en la 11ª posición por número de homicidios por habitante (la tasa es de 37,6 por cada 100.000 habitantes), cuando en el estado de Sergipe (noreste) es de 60 por cada 100.000.
Temer aprobó esta medida inédita en democracia ante la imposibilidad de sacar adelante su medida económica estrella (la reforma del sistema de pensiones) y a sabiendas que la inseguridad es un tema sensible que puede dar rédito electoral.
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La organización Amnistía Internacional, una de las decenas de entidades, asociaciones y activistas que participaron en la elaboración del texto, considera la intervención como parte de la creciente militarización que está sufriendo la vida pública en Brasil.
El próximo 8 de mayo las organizaciones Justicia Global, Conectas, Redes da Maré y la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro denunciarán esta creciente militarización de manera formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
