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ONU y CIDH expresan su "profunda preocupación" por intervención militar en Río de Janeiro

© AP Photo / Leo CorreaUn soldado brasileño en Río de Janeiro
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se mostraron preocupados por la intervención militar que el Gobierno brasileño decretó el pasado mes de febrero en el estado de Río de Janeiro.

"Nos preocupa que el decreto no especifique de manera suficiente su alcance y ejecución, ni las condiciones que justifican una medida excepcional de esa naturaleza", pues deja el orden público en manos de las Fuerzas Armadas, indicaron en un comunicado conjunto los dos organismos.

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ONU expresa preocupación por intervención militar en Río de Janeiro
Sin esas salvaguardas, continuaron, "su ejecución puede resultar en graves violaciones de derechos humanos, en particular a la vida y a la integridad personal".

Las declaraciones de ambos organismos se suman a las voces de otras entidades, especialistas y organizaciones no gubernamentales que también criticaron la medida en las últimas semanas.

Las entidades recordaron que los Estados deben "limitar al máximo" el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar militarmente a un enemigo, no a la protección y control de civiles.

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También criticaron las declaraciones de algunas autoridades responsables de implementar la intervención, refiriéndose a una supuesta necesidad de librar una "guerra contra las drogas y el crimen organizado en Río de Janeiro".

Políticas basadas en DDHH 

En este sentido, tanto la CIDH como el ACNUDH pidieron al Estado brasileño desarrollar una política de drogas basada en los derechos humanos, con un enfoque en la reinserción social y la salud pública, "que evite centrarse en acciones represivas y de criminalización", señalaron.

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Asimismo advirtieron que la intervención federal puede tener un "impacto desproporcional" en los derechos humanos de negros, adolescentes y habitantes de las zonas más pobres.

Además, pidieron que el Observatorio de Derechos Humanos de la Intervención Federal en la Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro (ObservaRio), creado por el ministerio de Justicia, tenga una participación efectiva de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.

Finalmente, recordaron que en octubre del año pasado ya se expresaron contra la modificación del código penal militar, que hace que los homicidios dolosos de civiles cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales militares, porque en su opinión esto podría derivar en impunidad.

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El pasado 16 de febrero el presidente brasileño Michel Temer decretó una intervención federal que supone colocar a las Fuerzas Armadas a coordinar el área de seguridad pública en el estado de Río de Janeiro.

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La medida, que el propio Gobierno reconoció como extrema, no tiene precedentes en la democracia brasileña, y se justificó alegando una ola de violencia a la que las autoridades regionales no estaban haciendo frente.

Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de este año todos los cuerpos policiales, los bomberos, el servicio de inteligencia y la administración penitenciaria están bajo el mando del general Walter Braga Netto, un militar.

Para la mayoría de expertos en seguridad pública es una medida electoralista que tendrá pocos efectos reales en la lucha contra la violencia, mientras que organizaciones no gubernamentales, y entidades sociales alertan de posibles violaciones de derechos humanos en favelas y suburbios donde suelen centrarse las operaciones policiales. 

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