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    Sobrepoblación, hacinamiento, falta higiene, falta estructura sanitaria; un cóctel de violaciones a los derechos humanos agrava las precariedades del sistema prisional en toda Latinoamérica. Si las condiciones ya eran alarmantes, el avance del coronavirus llama a medidas urgentes para evitar el caos entre los reclusos. En Argentina no es distinto.

    El coronavirus llegó al interior de las cárceles de Latinoamérica, donde viven dos millones de reclusos en condiciones de hacinamiento alarmantes. Los episodios de violencia que se comenzaron a registrar en las prisiones podrían ser solo el inicio de nuevos potenciales estallidos sociales si no se encuentran mecanismos para evitar que sistemas ya colapsados se transformen en focos de contagio masivo.

    Tres días después del espectacular motín en Argentina ocurrido el pasado 24 de abril en la cárcel del barrio porteño de Devoto, la única unidad del Complejo Penitenciario Federal ubicado en la capital nacional, se confirmó que hay dos reclusos con COVID-19 en este centro.

    Las protestas comenzaron como consecuencia de que dos días antes el Servicio Penitenciario Federal confirmase que uno de los agentes que trabaja allí diera positivo. El primer detenido infectado del país se detectó el 19 de abril en un penal de la provincia de Buenos Aires, un mes después de iniciado el Aislamiento obligatorio y la suspensión de visitas y salidas transitorias.

    Este fue el sexto motín en el último mes, sumado a los que se vivieron en dos cárceles de la provincia de Buenos Aires, uno de los cuales concluyó con una muerte por represión de las fuerzas de seguridad del penal de la localidad de Florencio Varela en el sur bonaerense, otro en la provincia de Corrientes (noreste), donde también murió un preso, y dos en Santa Fe (centro-este), donde murieron cinco internos, dos de ellos calcinados.

    ​​Las protestas denuncian la precariedad y el hacinamiento que vive la mayor parte de las cerca de 100.000 personas encarceladas en el país, un número que se duplicó entre 2008 y 2018 y que contiene casi mitad de la población sin sentencia firme, según las estadísticas oficiales.

    Crimen y castigo: ¿la solución?

    "Argentina arrastra hace cómo mínimo 20 años una sobrepoblación estructural de todo el sistema penitenciario. La tasa de encarcelamiento viene creciendo hace por los menos 10 años, lo que provocó que el sistema colapse. Hoy, frente a una situación de crisis mundial, se ve con más claridad y empieza a tener consecuencias más obvias", contó a Sputnik el abogado Mariano Lanziano.

    Lanziano, coordinador de Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo referente en la defensa de los derechos humanos en Argentina, aseguró que en las condiciones actuales es "prácticamente imposible sostener cualquier medida que intente evitar la propagación masiva del virus".

    Especificó que el hacinamiento es producto de un crecimiento desmedido del encierro como única respuesta del Estado a las demandas de seguridad de la sociedad, que no se refleja en un crecimiento de la infraestructura del sistema, en habitáculos o nuevos complejos, ni en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de su libertad.

    "Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay más de 50.000 detenidos mientras que el cupo declarado oficialmente, es decir, el espacio que legalmente tienen para alojar personas, es de alrededor de 26.000, e incluso nosotros creemos que el estándar de cumplimiento de los derechos humanos es bastante menor. Tenemos más de 100 % de sobrepoblación", dijo.

    Reclamos, propuestas y resistencia de medidas

    El Servicio Penitenciario suspendió desde el 19 de marzo las salidas transitorias, condicionales o laborales, así como el régimen de visitas, para evitar los contagios, además de establecer medidas de higiene que los presos aseguran que no se cumplieron correctamente y por lo que culpan a los trabajadores carcelarios por el ingreso del virus a las prisiones.

    "Más allá de los esfuerzos que pueda estar haciendo el Gobierno, los elementos de higiene no llegan adonde tienen que llegar. A esto se le suma los problemas de gobernabilidad que tienen los sistemas de encierro en Argentina, que siempre fueron caracterizados por altos índices de violencia y pocas políticas de prevención que terminan con la violencia como único respuesta a los reclamos", explicó Lanziano.

    El 14 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal instó a los tribunales inferiores a adoptar medidas alternativas al encierro para los detenidos pertenecientes a grupos de riesgo y que hayan cometido delitos menores no violentos.

    Recomendó excarcelaciones o reclusión domiciliaria para personas mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o con niños a cargo, así como para quienes estén cercanos a terminar su condena o estén procesados con prisión preventiva y sin sentencias firmes.

    La señal difícilmente pueda ser puesta en acción con premura, tomando en cuenta las demoras propias del sistema judicial, que además está virtualmente paralizado por la cuarentena.

    El experto aseguró que la situación en las cárceles requiere de una respuesta política de la misma magnitud y con la misma intensidad de excepción que el manejo de la crisis sanitaria general. El CELS reclamó la constitución de un comité de crisis que produzca un acuerdo entre los poderes del Estado para coincidir en la descongestión.

    "La situación no es simple porque hay sectores de distintos colores políticos que llevan adelante una campaña muy en contra de que esto suceda y no están teniendo en cuenta la grave crisis humanitaria que está sucediendo en el país. Es importante que haya acuerdos claros para que se responda a las dudas que se generen a partir de las liberaciones y en pos de conseguir una solución", cerró Lanziano.

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    cárcel, hacinamiento carcelario, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, coronavirus, COVID-19
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