En directo
    América Latina
    URL corto
    0 30
    Síguenos en

    BUENOS AIRES (Sputnik) — Entre julio y septiembre de 2019 aumentó a 14.251 el número de personas encarceladas en el sistema penitenciario federal de Argentina, dijo a Sputnik una representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

    "El uso sistemático de la prisión preventiva empeora la situación", señaló Bernarda García, coordinadora del Equipo de Estadísticas y Bases de Datos del organismo de control, que elaboró un informe con estos datos.

    Con los datos actualizados al tercer trimestre del año pasado, se registra 16% de sobrepoblación en las cárceles federales, de modo que hay más de 2.000 reclusos alojados por encima de la capacidad de las instalaciones debido a un uso excesivo de la prisión preventiva.

    En total 8.123 personas privadas de su libertad en el ámbito federal se encuentran procesadas sin condena firma, frente a otras 6.125 que sí.

    El empleo de la prisión preventiva en el sistema federal, situación en la que se encuentran seis de cada diez reclusos, no ha disminuido pese a que desde diciembre de 2016 está vigente una ley que ordena celebrar un juicio oral y público dentro de las 24 horas de cometido un delito en flagrancia.

    En el total de las cárceles argentinas "sí se invirtió muy leve y contenidamente la distribución de procesados y condenados en los últimos años", matizó García.

    A partir de 2017, "y por primera vez en muchos años, los condenados superaron a los procesados, en un contexto de relativo avance porque se acortaron los juicios en los procesos penales, pero en un contexto donde la población encarcelada no ha dejado de crecer", puntualizó.

    Un total de 13.930 personas se encuentran privadas de libertad en el servicio penitenciario federal cuando la capacidad operativa utilizable es de 12.694, según el Servicio Penitenciario Federal con datos actualizados a este 13 de enero.

    En el primer trimestre del año pasado se contabilizaban 13.900 personas detenidas, 414 menos que en el segundo trimestre, pese a que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) declaró en marzo de 2019 el estado de emergencia penitenciaria por un plazo de tres años.

    Si bien esta decisión fue "un avance en términos declarativos, en los últimos años las tomas de decisiones han sido muy regresivas en términos del fenómeno de la población penal, lo que evidencia que esto tiene que ver con un desarrollo de la política criminal", reflexionó García.

    La coordinadora de la PPN recordó que hasta el momento no se ha modificado la Ley de Ejecución Penal, la cual sólo considera dos razones para que cese la privación de libertad: cuando el preso haya cumplido dos tercios de la pena, que entonces puede acceder a la libertad condicional, o cuando esté a seis meses de concluir su condena, que entonces podría acceder a la libertad asistida.

    En paralelo, "se restringió fuertemente la posibilidad de que las personas condenadas puedan acceder a egresos anticipados, se han aumentado los requisitos calificatorios para poder acceder a ellos, y para algunos delitos directamente se ha eliminado esa posibilidad", observó García.

    Esta situación sólo puede modificarse a través de un cambio en la política criminal, corroboró la referente de la PPN.

    La sobreocupación en las cárceles federales es una constante desde 2017, año a partir del cual este problema ha ido en aumento.

    Malos tratos

    En el tercer trimestre de 2019 la PPN registró y documentó 367 hechos de tortura y malos tratos, con 115 denuncias presentadas.

    "Siempre intentamos hacer énfasis en que los datos de casos de tortura no deben ser leídos como un indicador cuantitativo del fenómeno sino de un piso base, lo que permite dar cuenta de un fenómeno sistemático, estructural, persistente y presente", advirtió García.

    Hasta septiembre del año pasado se contabilizaron 40 fallecimientos, la mayoría por enfermedades, aunque también se registraron casos de presos que murieron víctimas de arma blanca y ahorcamiento.

    La PPN también detectó que 169 personas llevaron adelante alguna forma de protesta, con una predominancia de la huelga de hambre.

    Por otro lado, el organismo advirtió en su informe que los servicios médicos y la infraestructura de las cárceles "no reúnen las condiciones mínimas para poder brindar el tratamiento adecuado y los cuidados básicos para ciertas dolencias".

    En Argentina sigue vigente la ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal sancionada durante la dictadura de Alejandro Lanusse en 1973.

    La Procuración Penitenciaria de la Nación es un ente descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado.

    Etiquetas:
    sobrepoblación, Argentina, cárcel
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía FacebookComentar vía Sputnik