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Las mujeres colombianas quieren sacar el aborto del Código Penal

© Sputnik / Paula CarrilloFeministas marchan en Colombia por la despenalización del aborto
Feministas marchan en Colombia por la despenalización del aborto - Sputnik Mundo, 1920, 19.11.2021
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La Corte Constitucional de Colombia estudia dos demandas que piden la despenalización total del aborto en el país. Dos representantes de organizaciones de mujeres detrás de las demandas hablaron con Sputnik sobre las expectativas que hay de una decisión favorable del máximo tribunal constitucional.
En 2006, la Corte Constitucional profirió una histórica sentencia (C-355) que despenalizó el aborto en Colombia en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo represente un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando exista una malformación grave del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea resultado de una violación.
Después de 15 años de aquel avance en materia de derechos para las mujeres, el debate vuelve al país latinoamericano porque el máximo tribunal constitucional estudia dos demandas que buscan que el aborto no sea un delito y ninguna mujer tenga que pagar cárcel por decidir sobre su cuerpo.
Este mismo jueves 18 de noviembre, se inició en el tribunal el análisis de los recursos jurídicos que buscan la despenalización, en una votación que está reñida. Dos de los magistrados, Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo, presentaron ponencias a favor de la despenalización total, por lo que su voto se asume en ese sentido.
También se espera que los magistrados José Fernando Reyes y Alejandro Linares voten favorable a los intereses de las mujeres demandantes, sin embargo, Linares se declaró impedido al argumentar que había hablado públicamente de su posición y, además, fue recusado por los grupos que se oponen a la despenalización.
Sobre el impedimento de Linares, la sala plena votó y hubo un empate 4-4, por lo que se deberá elegir a un conjuez que dirima. Eso podría durar varias semanas o meses.
Del otro lado, está el voto negativo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Por lo que, de manera paradójica, la decisión queda en manos de las magistradas mujeres. Los medios han comentado que las magistradas Paola Meneses y Cristina Pardo votarían negativamente y la magistrada Gloria Ortiz ha manifestado que el asunto es cosa juzgada. El misterio es el voto de la magistrada Diana Fajardo.
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Que el aborto no sea un asunto penal

Más allá de todas las discusiones que se dan alrededor del aborto y de los asuntos procedimentales del engranaje jurídico, el punto crucial que buscan las mujeres demandantes es que la interrupción voluntaria del embarazo no sea considerada como un delito, que ninguna mujer tenga que afrontar un proceso penal por decidir hacerlo.
"Queremos que el aborto no tenga la amenaza de la cárcel. En el último año y medio ha habido un debate supremamente rico, a la Corte Constitucional llegaron más de 100 conceptos de expertos nacionales e internacionales con una opinión favorable a la despenalización", comentó a Sputnik Mariana Ardila, miembro de la dirección legal de Women's Link Worldwide, organización que hace parte del movimiento por la despenalización total del aborto Causa Justa y desde donde se ha apoyado jurídicamente el asunto ante el tribunal.
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Para Ardila, las causales despenalizadas hace 15 años no son suficientes porque se ha evidenciado con el paso del tiempo que hay barreras de acceso para las mujeres, sobre todo las más vulnerables.
En este debate también hace su aporte Laura Castro González, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, para quien desde las instituciones que prestan servicios de salud hay desconocimiento del marco normativo y no se aplican las sentencias que se han proferido al respecto.
Ese solo es una de las barreras que más se notan. "Hay una interpretación restrictiva del marco legal vigente. Hay un uso inconstitucional de la objeción de conciencia por parte del personal de salud. Este es un derecho de carácter individual, pero se usa de manera colectiva o institucional", explica Castro.
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En tercer lugar, asegura que se han documentado diferentes casos de violencia obstétrica o violencia contra las niñas y mujeres que buscan acceder al servicio.
"El propósito es retirar la discusión del ámbito penal porque es discriminatorio, es injusto y contraproducente para la vida y la salud de las mujeres", dice Castro.
Tanto para ella como para Ardila, la regulación debe abordarse desde la salud pública y la Corte Constitucional debe decidir en qué entidad debe recaer esa responsabilidad.

"El sistema de salud ahuyenta a las mujeres"

En la discusión, la abogada Ardila también denuncia que el mismo sistema de salud está ahuyentando a las mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Asegura que la criminalización es alta y que desde 2006, según los casos que se han registrado en la Fiscalía General, los casos de delito de aborto han aumentado, cuando lo que se espera es que siempre sean menos.
"Hemos llegado a 400 casos de criminalización por año, y nos preocupa porque el 50% de las condenas provienen de denuncias hechas por el personal de salud. Eso quiere decir que el sistema ahuyenta a las mujeres y las entrega al aborto inseguro", manifiesta la jurista.
También se ha abierto en la opinión pública la discusión sobre si el ejercicio de este derecho debe definir un máximo de semanas de gestación. Allí hay muchas voces, pero lo más urgente es tener en cuenta que las barreras en el acceso para las mujeres más vulnerables son tantas que alargan sufrimientos y la gestación.
"En Colombia, la gran mayoría de los abortos se hacen en el primer trimestre de gestación. Solo entre el 10 y el 15% se hacen después de ese tiempo y muy pocos se realizan en etapas avanzadas. Se ha demostrado que cuando se desecha el derecho penal del aborto, estos se hacen más temprano", asegura Ardila.
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Apoyo de la opinión pública

La mayoría de los colombianos está de acuerdo con la legalización del aborto, sin embargo, hay una tendencia fuerte a que su despenalización no sea total. Así lo demostró una reciente encuesta internacional de la firma Ipsos, que indagó por el tema en 28 países.
Los datos de Colombia señalan que el 26% de los encuestados en el país está de acuerdo con la despenalización total, mientras que el 36% se manifestó a favor del aborto en los casos que determinó la Corte Constitucional en 2006.
Asimismo, una encuesta conocida en junio pasado, realizada por la firma Cifras y Conceptos, reveló que solo el 20% está de acuerdo con que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo de manera voluntaria vayan a la cárcel. En contraste, un 40% se mostró completamente en desacuerdo con dicha afirmación.
Luego de resolver los recursos jurídicos, la Corte Constitucional deberá votar y decidir si concede, sin reparos ni barreras, el derecho para que las mujeres en Colombia no sean condenadas a pagar penas privativas de la libertad por decidir sobre sus cuerpos.
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