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Debatir sobre aborto sin miedo: Colombia evalúa despenalización total

© Sputnik / Paula CarrilloFeministas marchan en Colombia por la despenalización del aborto
Feministas marchan en Colombia por la despenalización del aborto - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2021
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BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia evalúa en estos días dos demandas que piden la despenalización total del aborto.
Organizaciones feministas aseguran que es la vía para reducir las muertes y complicaciones por procedimientos clandestinos, y para que las mujeres puedan debatir sobre el tema fuera de los tribunales y sin miedo a la cárcel.
Este país sudamericano ya autorizó legalmente la interrupción del embarazo en 2006 pero solo para tres causales: violación, malformación del feto o cuando representa un peligro para la madre.
Pero 15 años de esa sentencia, "que en su momento fue una gran ganancia, han demostrado que mantener el delito dentro del Código Penal ha sido injusto y ha generado barreras para las mujeres y niñas más vulnerables", dijo a la Agencia Sputnik la portavoz de la organización internacional Women's Link Worldwide, Lucía Hernández.
Ese grupo fue el que pidió la legalización parcial en aquel momento, y es integrante del movimiento Causa Justa, que ahora demanda la despenalización para todos los casos.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse esta semana sobre la petición de Causa Justa, que agrupa a un centenar de personas, aunque también estudia otra, en la misma dirección, interpuesta en forma independiente por el abogado Mateo Sánchez, experto en derecho administrativo.
"Que cualquier discusión sobre el aborto se dé por fuera del derecho penal, a través de normas sanitarias. (…) Que se elimine el estigma de que es un delito y que las mujeres puedan acudir sin tener miedo y sin tener amenaza de cárcel", agregó Hernández.
Según el Código Penal colombiano, abortar puede ser castigado con entre 16 y 54 meses de prisión. Aplica para las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo fuera de las tres causales, pero también para "quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista".
Esto ha llevado a que, "por evitar líos judiciales, en vez de guardar el secreto profesional y de hacer bien su labor como profesionales de la salud, estos opten o decidan quebrantar el secreto profesional y denunciar a las mujeres", indicó Hernández.
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Las organizaciones demandantes destacan que, contrariamente a lo que esperaban tras la sentencia de la Corte en 2006, la judicialización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado en vez de disminuir.
De acuerdo con un informe del grupo feminista Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres —también parte de Causa Justa—, con cifras proporcionadas por la Fiscalía, "a partir de 2006 se ha presentado un aumento muy significativo en los casos que ingresan al sistema: si en 2005 se presentaron 130 casos, en 2006 ya eran 199 y en 2018 (último año para el que la información es completa) 416".
El reporte aclara, sin embargo, que aunque la cifra "no es constante, después de 2008 el promedio de casos se ubica en alrededor de 400 por año".

Derecho y delito

Para analistas jurídicos, el hecho de que el aborto sea un derecho en las tres causales, pero también un delito, genera confusión y posibles barreras para el acceso a este procedimiento en centros médicos.
"Es lógico que las mujeres reclamen contra el absurdo jurídico en el que nos encontramos: se reconocen precariamente las condiciones de sujetas de derecho para hacer una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), pero al mismo tiempo, [la legislación] las trata como delincuentes", sostuvo en una columna de opinión reciente Mauricio Albarracín, analista de Dejusticia, centro de pensamiento jurídico.
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El abogado recordó además el argumento de la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, que cursa en la Corte Constitucional, que plantea que el delito es discriminatorio porque penaliza únicamente a las mujeres.

En contra

Los principales argumentos jurídicos contra la despenalización se concentran en que el aborto es cosa juzgada —pues ya la Corte se ha pronunciado al respecto—; que el debate debería darse en el Congreso —y no en el alto tribunal—; y que se debe proteger la vida del no nacido —entendiendo su inicio desde la concepción—.
Igualmente, "afirman que la IVE desestabiliza emocional y físicamente a las mujeres y tiene riesgos físicos y psicológicos", al tratarse de una "conducta violenta con el cuerpo de la mujer y con el no nacido", de acuerdo con el recuento de razones que Albarracín reunió en el mismo informe.
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Para que la Corte Constitucional apruebe la despenalización total del aborto deberá contar con al menos cinco votos a favor, de nueve magistrados que deberán decidir en sala plena.
Si esto se da, Colombia se uniría a la senda que ya iniciaron Argentina, Cuba, México y Uruguay en Latinoamérica en este sentido.
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