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¿Qué pasa en Nariño, uno de los epicentros de las masacres en Colombia?

CC0 / Pexels / Un soldado sosteniendo un rifle
Un soldado sosteniendo un rifle - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2021
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Cinco personas fueron asesinadas y 11 resultaron heridas en un ataque a balazos perpetrado, según las autoridades, por miembros de un grupo residual de las extintas FARC en el departamento de Nariño (suroeste) el 26 de septiembre. Radiografía de una convulsa región de Colombia en donde se mezcla la droga y la disputa territorial.
En la madrugada del domingo 26, desconocidos llegaron a una discoteca en el corregimiento de Llorente —en el municipio de Tumaco, a más de 1.000 kilómetros de Bogotá, en el suroccidente de Colombia— y rociaron balas a quienes departían en el lugar.
El saldo del ataque fue una masacre: cinco personas murieron y otras once resultaron heridas en lo que se convertiría, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la octava masacre que ocurre en ese departamento y la 73 en todo el país en lo que va de 2021.
El crimen fue atribuido por parte de las autoridades al grupo armado residual Bolívar Rendón, de las disidencias de las extintas FARC y, según el Ejército de Colombia, obedecería a enfrentamientos entre otros grupos ilegales denominados como Óliver Sinisterra y Los Contadores. Esa masacre, como informó el diario El Tiempo, desplegó un operativo del Ejército y la Policía Nacional de Colombia para dar con los responsables.
Nariño es uno de los epicentros de las masacres en el país latinoamericano. Los números que registra Indepaz, por ejemplo, lo ubican este año en el cuarto lugar en masacres, superado por Valle del Cauca, Antioquia y Cauca.
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Además, es uno de los territorios a los que poco o nada ha llegado la implementación del Acuerdo de Paz y que, en 2020, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ocupó el segundo lugar entre los departamentos con más hectáreas sembradas de coca (36.964). Eso lo ha mantenido como un territorio disputado por los ilegales que buscan quedarse con el negocio de la droga.
Fue en ese departamento, en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en donde sucedió una de las masacres más atroces del 2020, cuando ocho jóvenes que departían en una terraza fueron asesinados a sangre fría.
El relato que hizo en su momento la revista Semana narraba los 20 minutos de horror que vivieron los jóvenes antes de su muerte y durante los que, en voz de uno de los sobrevivientes, se escucharon hablar a personas que no eran de la zona y que, incluso, tenían acento mexicano.
Esa misma masacre fue la que motivó la declaración del presidente Iván Duque en la que, en un exceso de tecnicismo, manifestó que dichos crímenes no eran masacres sino "homicidios colectivos".
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El papel del Estado

La pelea por las tierras ha dejado vulnerable a la población civil y los líderes sociales se han convertido también en blanco de los ilegales. Hernando Chindoy, experto universitario en derechos humanos e indígenas, le contó a Sputnik que es poca la atención que las autoridades le dan al sistema de alertas temprana, una herramienta utilizada por la Defensoría del Pueblo de Colombia para articular protección urgente contra líderes amenazados, lo que los hace muy vulnerables.
"Desde que se dio la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC, un grupo paramilitar de derecha—, hay delincuencia continua y las luchas por el control de las rutas del narcotráfico y la minería persisten contra los ex-FARC", comenta Chindoy.
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Para el académico, la violencia en sus regiones ha persistido por la poca inversión por parte del Estado, que ha optado por brindar "ayudas paternalistas" en lugar de propiciar que las comunidades fortalezcan sus capacidades de producción y sostenimiento,
"Es un círculo vicioso, como una culebra que se muerde la cola. La economía del narcotráfico beneficia a algunos empresarios, lo que impide la implementación de políticas sociales que dignifiquen la vida de la gente", concluye.

Pobreza y guerra por territorios

Chindoy habla, pero hay otros que temen. Para este artículo, Sputnik intentó hablar con varios líderes del departamento que se negaron a decir una palabra por miedo a su integridad física. Otros más accedieron a comentar la situación de riesgo bajo la condición de no ser identificados.
"El territorio, políticamente, es nuestro, pero en términos económicos seguimos siendo una colonia, tal como hacían los españoles con los indígenas. Aquí se sigue usando la misma estrategia que trajeron los colonialistas europeos: matar por tierra para dominar territorios", comenta un líder que prefirió permanecer en el anonimato.
La misma fuente resalta que, por ejemplo, de sus territorios, en la periferia del país, se extraen los recursos, la palma, el café, el petróleo, la madera, pero no hay retribución a su población. Eso, en efecto, tiene como consecuencia la vulnerabilidad económica y produce que las personas estén en condiciones de aceptar trabajos con los ilegales.
"Somos la costa pacífica más empobrecida, si nos compara con Chile, Perú, Panamá o Estados Unidos. En ese contexto es más fácil montar un ejército y que alguien lleve, traiga o haga lo que sea por obtener un peso", señala el líder.
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En ese sentido, una lideresa que también rogó no ser nombrada, acusa al Gobierno colombiano de que los cultivos de uso ilícito no disminuyan.
"Saben que los cultivos son el combustible de la guerra. Si yo quiero acabar la guerra, firmo un acuerdo para sustituir los cultivos y me empeñó en hacer una inversión sin precedentes en el campo y generar las condiciones para desmantelar a las estructuras que los utilizan", explica.
En conclusión, lo que sucede en Nariño es la convergencia de las viejas dinámicas de la guerra mezclada con nuevos intereses de reductos de grupos armados ilegales que se apartaron del proceso de paz y de cualquier ideología para disputar a sangre y fuego las rutas para transportar la droga por el territorio nacional y sacarlas del país hacia Centroamérica o Estados Unidos. Una verdadera bomba de tiempo que, en su construcción, desangra a Colombia desde el sur.
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