Los españoles se niegan a quitarse la mascarilla

BILBAO (Sputnik) — Ha pasado casi un mes desde que el 26 de junio dejara de ser obligatorio en España el uso de la mascarilla en exteriores.

Sin embargo han pasado también muchas cosas en la azarosa versión española de la pandemia en estas casi cuatro semanas que explican que en las ciudades españolas se siga viendo una mayoría de mascarillas, especialmente entre las personas de edad más madura.

El 21 de julio llegó al Congreso de los Diputados para su ratificación el Decreto del Gobierno del 26 de junio del fin del uso de la mascarilla en exteriores, siempre que se dé una distancia social de metro y medio.

El Gobierno lo pudo sacar adelante a duras penas, gracias a la abstención de sus socios y con la oposición en contra.

La medida que fue recibida hace un mes con alivio y en una situación de control de la pandemia, fue cuestionada en esta sesión parlamentaria por numerosos grupos por no adaptarse al momento, según explicaron.

"Hay que tener agilidad, cintura y buen juicio político para atender a lo que es más importante en este momento que es el control de la propagación del virus", recriminó a la ministra de Sanidad la diputada del Grupo Vasco en el Congreso, Josune Gorospe.

Rebelión autonómica

El hecho de que hasta un socio fiel del presidente Sánchez, como el Partido Nacionalista Vasco, le recriminara la falta de cintura al Ejecutivo no es casual, pues en estas cuatro últimas semanas de aumento desbocado de los contagios fue el lehendakari —presidente— vasco, Íñigo Urkullu, uno de los líderes regionales más activos en la petición de medidas de contención al Gobierno central, que tiene mayores competencias. Unas peticiones que cayeron en saco roto.

De hecho, su región anunció este 22 de julio por segunda jornada consecutiva el récord de contagios en un solo día: 1.801 nuevos casos.

Para el final de esta jornada, se espera que esta región anuncie una batería de normas restrictivas, pero en estos días ya fueron otros territorios los que se adelantaron limitando la movilidad nocturna con toques de queda y horarios de cierre adelantados en la hostelería, que es donde, a juicio de las estadísticas, se están produciendo la mayor parte de nuevos contagios de esta ya considerada quinta ola, bautizada como "la ola de los jóvenes".

Las Administraciones regionales se toparon, no obstante, en esta iniciativa restrictiva con la Justicia: los jueces avalaron los toques de queda en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria; pero lo rechazaron en Navarra, Canarias y Extremadura; y está pendiente de aprobación en Andalucía.

Precisamente en esta región, con gran peso en la industria turística, se vivió un fenómeno de incidencia desorbitada al comienzo de la campaña turística.

Municipios como Conil o Tarifa, que serían ahora los afectados por los toques de queda del Gobierno regional en caso de ser avalados por los jueces, multiplicaron la incidencia de la enfermedad con la llegada masiva de turistas a principios de julio.

La multiplicación de la población en estas localidades andaluzas por el verano y sus típicas estrechas calles fueron el cóctel perfecto para que se hiciera imposible mantener las distancias y las cifras de contagios saltaran por los aires.

La calle pide mano dura

En este contexto, el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el instituto de estudios de opinión estatal, señalaba el 21 de julio que más de la mitad de los españoles —un 56,1%— era partidario de tomar medidas más exigentes para atajar el incremento de casos comenzado a finales de junio, mientras que solo un 27,8 era partidario de seguir como hasta ahora.

La respuesta explica la actitud de una mayoría de españoles que no se quitan la mascarilla cuando salen a la calle, pese a que el ritmo de vacunación avanza a buen ritmo —52,1% de la población vacunada— y que el rechazo a la vacunación no llega ni al 1% en muchas regiones.

Se trata, además la española, de una opinión pública golpeada en las últimas semanas por casos como el macrobrote de estudiantes en Mallorca que, coincidiendo en varios viajes de fin de curso, expandieron luego el virus entre 6.000 personas en 13 comunidades autónomas del territorio español.

Varios factores, por tanto, juegan en contra de la desescalada impulsada por el Gobierno central y frenada, dentro de sus posibilidades, por los Ejecutivos regionales; y explican además el curioso fenómeno por el que muchos españoles se muestran más conservadores que su Gobierno a la hora de relajar las medidas.