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Autovías de pago e impuestos al diésel: España perfila sus reformas para recibir los fondos europeos

© Foto : Pixabay / Free-PhotosVista nocturna sobre autovía (imagen referencial)
Vista nocturna sobre autovía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2021
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Todavía sin un proyecto definido, el Gobierno buscará el acuerdo social y político para aplicar peajes a la red de carreteras hacia 2024 y revisar la bonificación fiscal a este combustible a finales de 2022. El objetivo es asumir costes ambientales y obtener una movilidad más sostenible, según el plan remitido a Bruselas.
Ambas reformas están contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de Pedro Sánchez ya remitió a Bruselas, pero algunos de cuyos detalles se conocieron el 5 de mayo. El plan responde así a la condicionalidad exigida por la UE para recibir los fondos dedicados a la recuperación económica.
No existe por el momento un proyecto definido sobre cómo instaurar peajes a las autovías y, tal vez, a toda la red de carreteras del Estado, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez desea ir abriendo el debate para propiciar las condiciones que puedan obrar un acuerdo social y político para su aplicación. La fecha que se baraja para instaurar un sistema de pago por el uso de la red vial son finales de 2023 o principios de 2024. El sistema atenderá a dos principios: pago por el uso y pago por efecto contaminante.
Las metas aducidas para justificar los peajes son: la reducción de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, la compensación por el impacto medioambiental de las carreteras y una mejora de la eficiencia en el transporte. Los motivos que subyacen en el plan son los "crecientes" costes de conservación del entramado de carreteras, que no pueden ser asumidos "de manera directa por los recursos presupuestarios". Esto estaría generando un "déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial".
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El espejo europeo

El ejemplo de otros países de la UE condiciona la propuesta de una medida que ya aplican 23 de los 27 países miembros. De esos 23, los peajes por el uso del 100% de su red de autovías rigen en 15. Atendiendo a esta experiencia, el Gobierno estima que necesitará entre dos y tres años para crear la normativa que ampare los cambios, que también habrán de ser acordados con las comunidades autónomas.
Para los camiones y vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera, los instrumentos normativos impulsarán que el coste de los peajes sea asumido por sus cargadores en aras de una mayor sostenibilidad y eficiencia.

En principio, solo las autovías

El documento enviado a Bruselas plantea el plan como una posibilidad y se refiere en un principio a las redes de alta capacidad (autovías y autopistas), aunque abre la puerta a incorporar a las regionales y municipales. España cuenta con una red estatal de carreteras que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son vías de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.

Gravar el diésel

El plan también contempla la necesidad de revisar las bonificaciones de este combustible, que en la actualidad disfruta de una fiscalidad ventajosa respecto a la gasolina pese a no contaminar menos. El Gobierno propone "internalizar" sus "costes ambientales".
La equiparación fiscal del diésel con la gasolina se realizará de forma "progresiva" y "en el cuarto trimestre de 2022". La subida de este impuesto estuvo incluida al principio en el proyecto de los presupuestos para 2021, pero fue retirada antes de la tramitación de los mismos. En el escrito dirigido a Bruselas, se subraya que esta y otras subidas de impuestos se introducirán calibrando "adecuadamente el momento económico actual y esperando a medio y largo plazo" con tal de no frenar la recuperación económica.
El documento alude también a reformas pendientes, como la de las pensiones. En teoría el Gobierno está comprometido a "garantizar" el "poder adquisitivo", así como a incentivar que se siga trabajando de forma voluntaria más allá de la edad legal de jubilación y dificultar las prejubilaciones. Es decir, hacer coincidir la edad efectiva de retiro con la legal. En cuanto al mercado laboral, el Ejecutivo opta por simplificar los modelos de contratación, limitar la temporalidad y establecer mecanismos alternativos a los ERTE para evitar despidos.
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