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Las pensiones en España otra vez a reforma: se jubilarán más viejos, pero con más dinero

© REUTERS / Sergio PerezManifestación de jubilados en España
Manifestación de jubilados en España - Sputnik Mundo, 1920, 13.04.2021
Manifestación de jubilados en España
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El Gobierno quiere reformar otra vez las pensiones para conseguir las ayudas de 140.000 millones que a cambio Bruselas enviará a España. Un dinero que el país necesita con urgencia tras el peor año para su economía de su historia reciente, marcado por una caída del PIB histórica y un aumento de la deuda desorbitado.
España necesita dinero. Y se nota. El Gobierno ha pactado el grueso del Plan de Recuperación a que enviará a finales de abril a Bruselas, y que supondrá un respiro de 140.000 millones de euros por parte de la UE. El Ejecutivo deberá remodelar tres asuntos que suelen ser un escollo para el debate político y social del país: impuestos, condiciones laborales y pensiones.
Sobre la reforma de pensiones, incluida en la reforma de la Ley General de la Seguridad Social, la más debatida y cuestionada de este macroplan de recuperación económica vamos a hablar en este artículo para solucionar algunas dudas y preguntas básicas: ¿a quién beneficia? ¿por qué lo hace el Gobierno? ¿En qué cambia esta propuesta respecto a las últimas reformas planteadas por los gobiernos de José Luis Rodriguez Zapatero (2010) y Mariano Rajoy?
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¿En qué punto estamos?

El 1 de enero de 2021 entraron en vigor las nuevas reformas en las pensiones tras meses de debate y en función de la base de las leyes aprobadas durante los gobiernos anteriores.
Desde esta fecha, los españoles que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos (en 2013 se aprobó el aumento progresivo de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años) si se acreditan 37 años y tres meses de cotización.
La cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación se mantiene en haber trabajado mínimo 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.
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Las pensiones aumentarán este año en función del IPC. Los diez millones de pensionistas que existen actualmente en España verán este año 2021 un aumento del 0,9% en su pensión a fin de mes. En concreto, con esa subida, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con un cónyuge a su cargo se queda en 851 euros al mes (antes era de 843,4); y la de los pensionistas sin cónyuge en 689,7 euros (683,5 antes de 2021).

¿De dónde venimos?

Las pensiones fueron de las prestaciones más perjudicadas en España durante la época de la crisis económica que comenzó en 2008. En el año 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impuso una reforma demoledora e inédita hasta el momento: aumentó cada año la edad para jubilarse hasta llegar en 2027 a los 67 años; y pasó de 15 a 25 años el periodo para calcular la base reguladora de la pensión.
Aumentó de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión y en 2011, Zapatero congeló por primera vez en la historia las pensiones, lo que supuso una pérdida de un 3% del poder adquisitivo para esta franja de la población.
Cuando el PP llegó al poder con Mariano Rajoy a la cabeza, profundizó en estas reformas introduciendo el denominado factor de revalorización: subida del 0,25% de las pensiones en lugar de aplicar el IPC (Índice de Precios al Consumo), lo que sin duda suponía una pérdida de poder adquisitivo todavía mayor para las personas jubiladas, que, en caso de vivir épocas de alta inflación, por ejemplo, podían llegar a perder hasta la mitad de sus ingresos.

¿Qué se quiere reformar ahora?

Las propuestas que ha desvelado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no son definitivas. El pacto todavía tiene que acordarse con los agentes sociales, sindicatos y OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en la mesa del Pacto de Toledo.
Pero las medidas anunciadas hasta ahora no han dejado indiferente a nadie. Este primer bloque de reformas que se aplicaría por fases hasta finales de 2022 pretende mantener el poder adquisitivo de las personas jubiladas, pero retrasar la edad efectiva a la que pueden abandonar su vida laboral mediante incentivos económicos, eso sí, bastante suculentos.
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Según el ministro, en España existe una "cultura para dejar la vida laboral relativamente pronto en comparación a lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europea", algo que, si se comprueban los datos, no es cierto. Según la OCDE, en países como Francia, Austria o Italia tienen, en principio, una edad efectiva de jubilación mucho más temprana que España, independientemente de su legislación.
José Luis Escrivá ha propuesto entre sus anuncios estrella incentivar el retraso en la edad de jubilación con un pago único de hasta 12.000 euros o un aumento del 4% en la pensión por cada año de trabajo extra. De esta manera, pretende aumentar la edad media actual de jubilación de los 64 años y medio a los 66 años (que actualmente es la edad legal).
De esta manera, las nuevas reformas pretenden premiar lo que se conoce como "jubilación demorada"; y por otro lado quieren limitar la jubilación parcial y prohibir la jubilación forzosa. Además, las personas que quieran jubilarse antes de tiempo, se lo pensarán muy mucho si se ponen en marcha estas nuevas medidas: sufrirán una penalización de hasta el 17% en su cuota mensual (actualmente esta penalización se sitúa en un 4%).
Con la jubilación parcial, que permite hasta el momento reducir la jornada laboral y el salario mientras se recibe una parte de la pensión, Escrivá sostiene que este tipo de jubilación es una jubilación anticipada "encubierta" y pretende limitarla a profesiones "que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros".
En el caso de la jubilación forzosa, que se puede producir cuando el trabajador cumple la edad legal de jubilación y tiene acceso al 100% de su pensión, el Gobierno quiere prohibirla, directamente. El ministro Escrivá sostiene que España "es una excepción en Europa".
¿Pero de verdad una persona más allá de los 66 años con acceso al 100% de su pensión querría seguir trabajando voluntariamente?

¿Cómo se lee entre líneas esta nueva reforma y qué va a significar?

Para el doctor en sociología y experto en economía, Andrés Villena, aunque este plan de reformas es "más progresista" que los planteados por gobiernos anteriores, responde únicamente a la "presión de Bruselas", según señala en entrevista con Sputnik.
La deuda pública de España, según cifras oficiales del Banco de España, cerró 2020 con un máximo histórico de 1,35 billones de euros, lo que equivale a un 120% del PIB tras un año marcado por la pandemia y el aumento del gasto público. Por su parte, la deuda de la Seguridad Social, de la que dependen las pensiones, creció un 55,1% situándose en los 85.355 millones de euros.
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Sin embargo, para el experto, el Gobierno está planteando mal las reformas, porque no se está fijando en el origen del problema, sino que está "colocando parches a un problema que es estructural". Se trata de una solución "a corto plazo debido a la urgencia económica".
Andrés Villena habla del conocido como "invierno demográfico". En España se tienen menos hijos y el índice de natalidad es muy bajo respecto a otros países europeos debido a las condiciones en contra con las que se encuentran los jóvenes para formar una familia.
"Estamos hablando de una serie de razones que se podrían combatir. En España, ahora, hay más esperanza de vida y se vive mejor que hace décadas, pero se tienen menos hijos porque la precariedad laboral es la tónica, el desempleo juvenil ronda el 40% (líder europeo), hay dificultades para acceder a la vivienda y la Administración pública no facilita la conciliación laboral", sostiene Villena.
El índice de natalidad en España se sitúa en 1,1 hijos y con una cifra de 2,1, es decir, un punto por encima, se solucionarían los problemas de la Seguridad Social según el economista, porque habría más población activa en edad de trabajar, lo que supondría más dinero para las arcas públicas y para las pensiones y una mayor cotización.
"A largo plazo, la solución está en fomentar políticas como el pleno empleo, pero lamentablemente, esas políticas que requieren de más tiempo y medidas más complejas, están lejos de ponerse en marcha".
Otra de las opciones, según Villena, sería cambiar el sistema de financiación de las pensiones por un sistema de impuestos en lugar de un modelo de reparto, tal y como hacen otros países europeos como Dinamarca o Finlandia, que cargan un porcentaje impositivo a los Presupuestos Generales del Estado destinados únicamente a las jubilaciones.
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Por su parte, para la periodista y analista política Carmen Parejo Rendón, aunque "en efecto hay problemas económicos urgentes que solventar", la nueva reforma de las pensiones se trata de "una política de chantaje que es poco efectiva en términos de desarrollo económico popular", sostiene en entrevista con esta agencia.
Para la experta, "España es un país que mantiene un proyecto económico que a pesar de la pandemia está basado en el turismo, el empleo precario y una alta economía sumergida”, y en este sentido, “estos planes no van hacia el problema profundo de los trabajadores, sino más bien hacia una clara dirección política de limitar su capacidad negociadora a través del Estado. Es una evidente disminución de derechos".
Parejo Rendón cree que con estas medidas, España se encamina hacia una sustitución privada que cumpla con la función actual de la Seguridad Social, y aquí surge la temida pregunta que surge de manera cada vez más frecuente entre los corrillos de las generaciones que oscilan entre los 25 y los 40 años:
"¿Habrá pensiones cuando nos jubilemos?"
Responde la analista política que "el único fin de todo esto es favorecer los seguros privados como única alternativa viable para poder gozar de una pensión mínimamente digna y siempre dependiente de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo que genera este nuevo modelo social".
De hecho, son muchos los españoles que optan por contratar un plan de pensiones privado en su banco, desconfiados sobre el futuro que el Estado les pueda garantizar cuando les toque jubilarse.
Es el caso de Patricia Duarte, una abogada madrileña de 33 años, y que según cuenta a este medio por teléfono, lleva dos años con un plan de pensiones privado al que cada mes destina 200 euros de su nómina.
"Decidí hacérmelo porque quiero tener una jubilación donde no pase penurias, y no creo que el Estado vaya a poder garantizar mi pensión, lo que me parece completamente injusto porque yo estoy contribuyendo a la Seguridad Social cada mes, pero es lo que hay". Patricia asume la situación con cierto conformismo y no cree que las cosas vayan a cambiar.
"El supuesto estado del bienestar que nos vendieron cuando mi generación comenzó a estudiar está desapareciendo, y ahora la sociedad es más individualista. Yo creo que ahora nosotros vivimos peor que nuestros padres, se nos exige más y necesitamos trabajar más por menos dinero y menos beneficios. Cada uno tiene que asegurarse su futuro. No me parece bien, pero hay que hacerlo si no queremos morirnos pobres", sostiene la abogada.
Su plan de pensiones privado es muy estricto, como todos, porque si algo define a los planes de pensiones privados es que son un producto "ilíquido", es decir, que no se puede recuperar el dinero en cualquier momento, y la ley es muy punitiva sobre los supuestos para recuperarlo. Además, las comisiones para mantenerlo son muy elevadas con lo que el nivel de rentabilidad es prácticamente nulo. En definitiva, un plan de pensiones privado termina beneficiando a la banca privada que lo gestiona y que dispone de ese dinero para sus propios negocios en circulación.
Para Stuart Medina, economista portavoz del movimiento que defiende la denominada "teoría monetaria moderna" (al que pertenece Eduardo Garzón), la solución con el tema de las pensiones va más allá.
Este grupo defiende la creación de un Banco Central en España que no responda al Banco Central Europeo, sino que más bien sea a la inversa, o al menos, manteniendo la soberanía financiera. En la práctica, ese banco podría ser el Banco de España, pero para Medina, según explica a Sputnik, esta institución solo actúa bajo las directrices del organismo económico europeo.
El economista cree que la zona euro de los países europeos que la integran ha sido un fracaso para países como España, sujetos a restricciones financieras impuestas desde afuera por países en desigualdad de condiciones.
"Desde que España renuncia a su soberanía monetaria y se la entrega al Banco Central Europeo, se encuentra con una restricción financiera impuesta y depende de terceros para sobrevivir. Necesita que le compren deuda pública y no puede tomar sus propias decisiones a la hora de hacer frente a sus problemas económicos reales o gestionar sus políticas de gasto como sí hacen otros países que mantienen sus divisas. Estamos hablando de EE.UU, Japón, Nueva Zelanda, Inglaterra…", sostiene el experto.
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Para el defensor de la teoría monetaria moderna, haber mantenido la peseta habría sido mucho mejor para el país.
"Nos permitiría abordar crisis como la de la pandemia o la del mantenimiento del estado del bienestar de una manera más eficaz. El problema aquí no es la sostenibilidad financiera de las pensiones, es la incapacidad para generar un excedente productivo a costa de la precariedad en el desempleo o los altos índices de paro que merman la capacidad productiva y el consumo de la población".
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