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España se divide ante la posibilidad de un nuevo confinamiento

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España está rememorando desde finales de navidades la pesadilla del aumento de los contagios de la primera y segunda ola, algo que no por ser esperado, incluso por las autoridades, deja de ser preocupante y puso sobre la mesa con el paso de esta semana el debate sobre un nuevo confinamiento como el vivido por el país en marzo del año pasado.
De hecho, fueron varios los estamentos públicos que pidieron a sus ciudadanos durante la semana que se autoconfinasen:
En el caso de estos dos primeros territorios (Castilla y León y la Comunidad Valenciana) tienen una incidencia acumulada, según los últimos datos oficiales, bastante superior a los 522 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de la media española: 611 y 667 casos, respectivamente.
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Pero la arquitectura competencial del Estado español reserva la capacidad de decretar un confinamiento únicamente al Gobierno de la nación y ahí es donde estos territorios se han chocado contra un muro.
Desde el principio de la semana, desde Moncloa, se quiso llevar la iniciativa con este asunto, conscientes de que aparecería en la agenda informativa durante la semana.
El mismo 11 de enero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaraba rotunda en una entrevista al diario madrileño El País que tuvo amplio eco que "en este momento no tenemos prevista la posibilidad de permitir el confinamiento domiciliario, como sí lo hicimos para parar el primer envite de la pandemia".

El Gobierno, no rotundo

Pero por si no había quedado claro, el 13 de enero fue el máximo responsable de la gestión de la crisis, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la que es señalada como su sucesora, la titular de Política Territorial, la canaria Carolina Darias, los que volvían a descartar esta posibilidad en la rueda de prensa posterior a su reunión con los responsables sanitarios regionales.
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Darias respondía tajante a un periodista que "hay medidas suficientemente duras, amparadas en el actual estado de alarma (...) Son medidas duras, restrictivas y que hemos visto que han tenido efecto en anteriores periodos", dijo para zanjar la cuestión.
Poco después, su colega Illa, más experimentado en el trato con los periodistas tras estos meses de pandemia, reforzaba el mensaje de Darias: "cuando se hayan desplegado todas las medidas del estado de alarma actual, vigente hasta el 9 de mayo, que permite restricciones como la movilidad nocturna o del derecho de reunión, veremos que darán resultados".
Hay que recordar en este punto que el actual estado de alarma, además, no permite el confinamiento domiciliario, con lo cual el Gobierno central, en caso de desear encerrar a la población en sus casas, tendría que derogar el actual, que data del pasado 25 de octubre, y decretar otro.

Los expertos

Sin embargo esta oposición rotunda a un nuevo confinamiento da un giro de 180 grados, cuando se pregunta a los expertos.
El virólogo José Antonio López, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), es uno de los portavoces habituales cuando los medios españoles necesitan consultar o explicar algún fenómeno relacionado con la pandemia en los últimos meses.
En conversación con Sputnik, su análisis de la realidad española en lo que a la gestión de la crisis sanitaria se refiere resulta desesperanzador:  "Seguimos bailando al son que nos marca el virus. Seguimos con medidas laxas, dispares entre las diferentes autonomías y al final los casos siguen aumentando", comienza estableciendo.
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En su opinión "el virus está ya totalmente descontrolado, comunitario y sin capacidad de rastreabilidad".
En la misma línea se manifiesta el doctor Francisco Guillén, que es el responsable de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica Universidad de Navarra: "En algunas comunidades el número reproductivo instantáneo, el número de personas a las que cada enfermo infecta, está aumentando mucho", comienza recordando.
"Esto es importante porque se desborda la capacidad de las autoridades de seguir o rastrear esos casos y sus contactos, para controlarlos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. En ese momento, el virus campa a sus anchas", explica el doctor Guillén.
Tanto López como Guillén son partidarios de confinar a la población.
"Un último cartucho antes del confinamiento total sería ver cuál es la comunidad con las medidas más estrictas y seguir esa pauta en todo el país. Sin embargo, yo soy partidario de un confinamiento corto y estricto que podría ser de dos semanas, para cortar la transmisión", afirma José Antonio López.
Desde Pamplona, Francisco Guillén refuerza esta tesis: "es mejor hacerlo pronto y que sea corto, que estar mucho tiempo y tener que estar varios meses", zanja Guillén.

El ejemplo portugués

En esta línea, esta semana el Gobierno portugués, observado cada vez con más admiración por sectores progresistas españoles, decretó un confinamiento estricto de un mes.
Su incidencia acumulada era a principios de la semana de 480 casos por cada 100.000 habitantes, 40 casos menos que España.
Además, su presidente, el socialista Antonio Costa, no tuvo reparos en hablar abiertamente de tercera ola: "Ciertamente nos enfrentamos a una tercera ola", dijo en contraste con los dirigentes españoles que, con una situación estadísticamente peor, se resisten a calificar la actual situación con la misma rotundidad.
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Uno de los factores que podrían estar pesando más a la hora de evitar un confinamiento, apuntado también por parte de los expertos consultados para este reportaje, es el económico.
"Decretar un confinamiento es como tirar una bomba atómica, en el sentido de las consecuencias económicas. No la puedes estar tirando todos los días. Si lo tienes que hacer, mejor que sea antes y rápido", reconoce Francisco Guillén.
Y en el lado de los que miran con pavor el lanzamiento de esa bomba atómica metafórica, está en primera línea todo el comercio y la hostelería.
Tras un 2020 en el que ya han venido arrastrando pérdidas, no quieren ni oír hablar de esa posibilidad.
Iván Villar es el portavoz de los hosteleros de Portugalete, una de las ciudades del área metropolitana de Bilbao, en este caso de alrededor de 50.000 habitantes.
"Creo que muchos compañeros no lo resistirían. Llegamos muy justos ya después de todo lo del año pasado. Yo, por ejemplo, tuve unas pérdidas de 30.000 euros en 2020. Es un dinero que tuve que poner de mis ahorros para poder mantener el bar abierto", explica crudamente.
Así las cosas, parece que al menos en el corto plazo, el Gobierno español no pedirá a sus ciudadanos otra vez que se encierren en casa como ocurrió en la primavera pasada en unas semanas traumáticas y difíciles de olvidar para la sociedad española.
Lo que sí parece que seguirá será la batalla política.
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Sin ir más lejos, en la mañana de este 15 de enero, la Junta de Castilla y León decidió adelantar el toque de queda actual a las ocho de la tarde, una opción que fue apoyada desde los gobiernos vasco y gallego, que anunciaron que se están pensando tomar medidas similares.
Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad, ya se le recordó a la Administración castellanoleonesa que no se puede decretar esta medida restrictiva más temprano de las diez de la noche.
Por lo tanto, los españoles seguirán pudiendo realizar sus actividades, pero también seguirán perdidos en un mar de regulaciones autonómicas, estatales y locales que cambian cada poco y que los tienen confundidos, lo que constituye una de sus muchas quejas sobre la gestión de la pandemia.
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