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La Justicia de Brasil divulga un vídeo que probaría interferencias de Bolsonaro en la Policía

© REUTERS / Ueslei MarcelinoJair Bolsonaro, presidente de Brasil (archivo)
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Celso de Mello, autorizó la divulgación de un vídeo de una reunión entre el presidente Jair Bolsonaro y sus ministros, que probaría que el líder ultraderechista intentó interferir en la independencia de la Policía Federal para proteger a su familia de investigaciones.

En los fragmentos divulgados hasta ahora, Bolsonaro se queja de forma exaltada de que intentó "cambiar" a su personal de seguridad y no lo consiguió.

"Eso se acabó; ¡no voy a esperar a que jodan a toda mi familia, a un amigo mío, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad (…) lo voy a cambiar (…) si no lo puedo cambiar, cambio a su jefe, si no lo puedo cambiar, cambio al ministro y punto final! ¡No estamos aquí de broma!", exclamó.

​El vídeo sería la prueba central del proceso que investiga la supuesta interferencia del mandatario, y que fue instaurado después de que el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, dejara el cargo acusándolo de esas presiones para favorecer intereses personales.

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Según la versión de Moro, cuando Bolsonaro dice "seguridad" se refiere a la Policía Federal, ya que sus escoltas personales no dependen del Ministerio de Justicia, sino del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que administra el general Augusto Heleno.

El vídeo corresponde a una reunión ministerial celebrada el pasado 22 de abril, y fue grabado por el propio personal de comunicación del Gobierno, algo que ocurre en todas las reuniones de este tipo; sin embargo, el Gobierno temía que saliera a la luz en su totalidad.

A través de la Abogacía General de la Unión (AGU), el Gobierno había pedido al Supremo que no lo divulgara, y después pidió que se divulgaran únicamente los trechos en los que Bolsonaro habla sobre la Policía Federal.

Según la prensa local, esos temores se explican porque en la reunión diversos ministros hicieron acusaciones y comentarios ofensivos contra China, gobernadores y otras autoridades, lo que podría generar una grave crisis política y diplomática.

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En la misma reunión, Bolsonaro, calificó de "mierdas" a los gobernadores que están implantando restricciones contra la pandemia del nuevo coronavirus.

El mandatario criticó de forma exaltada a "los mierdas" de los gobernadores de Sao Paulo (Joao Doria) y Río de Janeiro (Wilson Witzel), a los que acusó de implantar un "clima de terror" en Brasil por aplicar la cuarentena en sus estados.

También criticó al alcalde de Manaos (estado de Amazonas, norte), Arthur Virgilio Neto, al que acusó de estar "abriendo fosas comunes", en referencia a los muertos por el COVID-19.

Asimismo, insinuó que sería una persona sospechosa por su "ideología" (el político pertenece al PSDB, una formación de la derecha moderada, y su familia estuvo en el exilio durante la dictadura).

Más tarde, Bolsonaro, negó que el vídeo de la reunión ministerial probara que él intentó interferir en la independencia de la Policía Federal.

"¿Qué parte del vídeo contiene la mínima comprobación de que hubo una interferencia en la superintendencia de Río o en cualquier otro estado? ¡cero!, ¡no hay nada!, ¡es un tiro al agua!", dijo en declaraciones a la prensa.

El presidente se defendió diciendo que el vídeo estaba clasificado como secreto.

"Ningún ministro tiene responsabilidad de que lo se dijo ahí", dijo el presidente, añadiendo que en todo caso la responsabilidad sería del juez, por decidir hacerlo público.

El presidente también lamentó "el melancólico fin" del exministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro, porque en su opinión, las acusaciones que hizo no quedan comprobadas.

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Por su parte, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del Gobierno brasileño, Damares Alves, propuso encarcelar a gobernadores y alcaldes como respuesta a los supuestos abusos que estarían cometiendo al aplicar las medidas de aislamiento social para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

En un momento de la reunión, la ministra dijo: "La pandemia pasará, pero los gobernadores y alcaldes responderán a procesos y nosotros vamos a pedir incluso la prisión de gobernadores y alcaldes, y estamos subiendo el tono (…) nuestro ministerio va a empezar a machacar a gobernadores y alcaldes".

Según la ministra, la mayor violación de derechos humanos en los últimos 30 años estaría ocurriendo en este momento, y en su opinión el Gobierno central no estaría tomando las medidas necesarias.

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En su argumentación, la ministra aseguró que estaban esposando y metiendo a ancianos en autos policiales, que estaban tirando al suelo a mujeres y que multaban a sacerdotes por estar dentro de sus iglesias con fieles.

Más adelante, la ministra también critica al Tribunal Supremo Federal por la "payasada" de volver a debatir la cuestión del aborto, preguntándose si los jueces aprovecharían el coronavirus para autorizar el aborto para todos, y lanza una advertencia al entonces recién nombrado ministro de Salud, Nelson Teich.

"Su ministerio está abarrotado de feministas que solo tienen un objetivo, que es la liberación del aborto; quiero recordarte, ministro, que está llegando la hora, que este es un Gobierno provida, un Gobierno profamilia, así que por favor.. cuando hablábamos de valores sí que estábamos en el camino correcto", remarcó.

Leyes ambientales

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dijo en la reunión ministerial que habría que aprovechar que la opinión pública estaba más pendiente de la pandemia del nuevo coronavirus para poder cambiar leyes ambientales que normalmente despiertan mucha polémica.

"Todo lo que hacemos es un 'golpe' del poder judicial al día siguiente", lamenta el ministro ante sus colegas, y añade que ahora que están "tranquilos" porque "en la prensa solo se habla del COVID" hay que ir "reglamento por reglamento" para simplificar todas las leyes ambientales.

El ministro puso como ejemplo de sus problemas la Ley de la Mata Atlántica, que proponía amnistiar a deforestadores y que causa fuertes críticas de movimientos ecologistas.

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Salles lamentó que prácticamente al día siguiente de presentarla los periódicos ya anunciaban una lluvia de medidas legales en su contra, por lo que pidió que la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa al Estado, tenga "la artillería preparada" para cuando eso ocurra.

El ministro aseguró que hay muchos cambios legales que pueden ejecutarse sin esperar el aval del Congreso.

"Hay muchas cosas que son 'resolución, bolígrafo', 'resolución, bolígrafo'. Vale mucho la pena, es un espacio enorme para hacer (ese trabajo)", afirmó, intentando convencer a sus colegas de que aprovecharan el momento de la pandemia para flexibilizar leyes.

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