"Desde ERC no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué actuaciones llevará a cabo la Abogacía del Estado", dijo en una comparecencia de prensa Marta Vilalta, secretaria adjunta y portavoz de ERC.
Sin embargo, el Tribunal Supremo impidió que Junqueras tomara posesión de su acta de eurodiputado porque en aquellos momentos se encontraba en una situación de prisión provisional.
Según el fallo del TJUE, Junqueras debió gozar de libertad para salir de prisión y acudir al Parlamento Europeo para la sesión constitutiva del órgano.
La decisión del TJUE señala que, para mantener en prisión a Junqueras, el Tribunal Supremo debió haber enviado un suplicatorio al Parlamento Europeo solicitando la supresión de su inmunidad como eurodiputado.
En concreto, Junqueras fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación.
A la luz de la sentencia del TJUE el independentismo catalán pidió este 19 de diciembre que se declare la nulidad del juicio y se proceda a la puesta en libertad inmediata de Oriol Junqueras.
Esta petición se produce pese a que el fallo del TJUE no entra a valorar el proceso judicial al que fue sometido Junqueras, sino que se limita a determinar cuáles debieron ser los pasos a seguir tras su elección como eurodiputado.
El Tribunal Supremo de España emitió un comunicado en el que evitó hacer ninguna valoración sobre la decisión del TJUE, señalando que la sentencia será "estudiada en profundidad" en los próximos días.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ya presentó un escrito señalando que el hecho de que Junqueras no recibiera los permisos para ejercer como diputado no inhabilita su condena.
De momento, la Abogacía del Estado no se pronunció.
Sí llegaron reacciones desde el Gobierno de España, que manifestó su "respeto" a la sentencia y su disposición a "ayudar" al Tribunal Supremo para asegurar su cumplimiento.
"La Abogacía del Estado está en estos momentos estudiando la sentencia detenidamente y de manera conciencuda para saber cómo podemos ayudar a cumplir esta sentencia", afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (PSOE).
Además, la vicepresidenta manifestó su deseo de que las cuestiones judiciales no interfieran en las conversaciones de PSOE y ERC para desbloquear la investidura del líder socialista Pedro Sánchez porque "ha llegado el momento en que la política esté solo en la política".
La izquierda española
A su vez, los partidos de la izquierda española, entre ellos Podemos e Izquierda Unida, señalaron que se abandone la judicialización del conflicto político en Cataluña y que la sentencia del TJUE "deja en evidencia" al Tribunal Supremo.
"La apuesta por la judicialización del conflicto político en Cataluña ha alejado un escenario de resolución y ha deteriorado la imagen de nuestra Justicia. Ahora toca una nueva etapa de diálogo e inteligencia política para caminar hacia la reconciliación que necesita nuestro país", solicitó Pablo Iglesias, líder de Podemos.
"Consideramos inaceptable que se haya vulnerado el derecho a la participación política no solo de Junqueras, sino del conjunto de votantes de la candidatura en la que concurrió", señala la formación Izquierda Unida, que pide a las autoridades españolas que "cumplan la sentencia" y permitan a Junqueras recoger su acta de eurodiputado.
Ante esto, Izquierda Unida reclama "una una solución política para el conflicto en Cataluña" porque "judicializar un debate que es político acarrea una irresponsabilidad impropia de una democracia".
La orden de Puigdemont
Asimismo, el juez instructor de la causa contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, estudiará en los próximos días si el fallo del TJUE también afecta al caso de Carles Puigdemont, sobre el que actualmente hay cursada una orden para su detención en Bélgica.
En concreto, el juez señala pide a las partes pronunciarse "al poder tener la misma incidencia en relación a dichos procesados rebeldes".
Más allá de cuál sea la resolución sobre la situación de Junqueras, la decisión del TJUE puede tener efectos directos en el proceso para la entrega a España de Carles Puigdemont y del exconsejero catalán Toni Comín, ambos huidos a Bélgica.
Al igual que Junqueras, estas dos personas fueron elegidas como eurodiputados en las elecciones del pasado mes de mayo.
Sin embargo, ambos se diferencian de Junqueras en que, gracias a su huida de España, sobre ellos no pesa una condena en firme, sino que están reclamados para ser juzgados en Madrid.
El fallo del TJUE sobre Junqueras establece que las personas electas en los comicios europeos adquieren la condición de eurodiputados y las inmunidades derivadas del cargo de forma automática tras la proclamación de resultados.
Es decir, el fallo abre la puerta a que Puigdemont y Comín adquieran la condición de eurodiputados, lo que podría añadir trabas al proceso de decisión de la justicia belga para su envío a España.
Todos estos factores abren ahora un escenario de incertidumbre respecto al futuro de Carles Puigdemont y Toni Comín, una incógnita que se irá resolviendo en los próximos días cuando las partes respondan a la petición de Llarena para presentar sus conclusiones sobre cómo afecta la sentencia del TJUE al caso.