El envío a prisión incondicional de estas siete personas fue decidido en concordancia con la Fiscalía, que interesó el encarcelamiento de los detenidos después de que éstos declararan ante el juez.
Según explica la Fiscalía en un comunicado, los detenidos planeaban acciones para "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública", por lo que podrían haber incurrido en delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
"La gravedad de las penas que tales delitos conllevan, el riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas han determinado la solicitud de la medida cautelar solicitada", dice la Fiscalía para justificar la petición de prisión provisional.
Según la Guardia Civil, estas personas se encontraban preparando "acciones violentas" con motivo del aniversario del 1-O y para responder ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo contra los doce líderes independentistas sometidos a juicio por convocar la consulta.
De acuerdo con el relato de las autoridades, durante los registros realizados con motivo de la operación policial se localizaron sustancias que podrían ser utilizadas para la confección de artefactos explosivos.
No obstante, negaron que su intención fuera llevar a cabo acciones terroristas.
Desde el Gobierno catalán mantienen que las acusaciones vertidas contra estas personas corresponden a una campaña de criminalización del independentismo, del que reiteran que es un movimiento de carácter pacífico.
Por el momento la causa se mantiene bajo secreto de sumario y la Audiencia Nacional tampoco hizo públicos los autos en los que se ofrecen los razonamientos jurídicos para respaldar el envío a prisión de estas personas.
