En concreto, la Guardia Civil decidió poner en libertad con cargos a dos de los detenidos, mientras que los siete restantes comparecerán ante la Audiencia Nacional en el marco de una investigación por presuntos delitos de terrorismo.
De acuerdo con el relato de las autoridades, los planes de estas personas incluían la elaboración de artefactos explosivos.
Los nueve detenidos están vinculados con los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos activistas nacidos tras el referéndum unilateral de 2017 con el objetivo de mantener un alto de movilización callejera para avanzar hacia la ruptura de Cataluña con España.
En los últimos dos años los CDR protagonizaron diferentes episodios de enfrentamiento con las fuerzas del orden y utilizaron diferentes métodos de protesta como el corte de carreteras o estaciones ferroviarias, pero el uso de explosivos siempre estuvo —al menos hasta la fecha— fuera de su repertorio.
Según la información ofrecida por las autoridades, durante esos registros se localizaron sustancias que podrían ser utilizadas para la confección de artefactos explosivos.
El diario catalán La Vanguardia publica —citando a fuentes de la investigación— que "los posibles artefactos estaban prácticamente listos" para ser utilizados en "actos de sabotaje" para responder a la sentencia que el Tribunal Supremo emitirá en los próximos días los contra doce líderes políticos y sociales enjuiciados por el referéndum de 2017.
En opinión del Ministerio Público los detenidos tenían un "avanzado grado de preparación de proyectos terroristas con finalidad secesionista", lo que lleva a la Fiscalía a afirmar con “certeza” que iban a realizar acciones violentas.
Desde el independentismo catalán, en cambio, afirman que estas acusaciones se circunscriben dentro de una campaña de "criminalización".
"La represión continúa siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de la sentencia", señaló el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra.
Por su parte, los CDR emitieron un comunicado en el que afirman que España quiere "reprimir, detener y castigar a aquellos que discrepan".
Una de las más destacadas tuvo lugar en Sabadell, el municipio barcelonés en el que se desarrolló el grueso de la operación policial, donde según datos de la Policía Local más de 4.000 personas salieron a la calle para protestar.
