"Fue una oportunidad perdida, las Fuerzas Armadas tenían la legitimidad, los recursos y la posibilidad de contribuir a cambiar el curso de las políticas de seguridad en Río de Janeiro, pero no fue así", explicó en una entrevista con Sputnik Silvia Ramos, la coordinadora general del Observatorio de la Intervención, vinculado al Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cândido Mendes de Río de Janeiro.
Poco antes de finalizar el periodo de la intervención, (en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018) el interventor generaL, Walter Souza Braga Netto, aseguró que se habían cumplido todos los objetivos: "Misión cumplida", celebró este general del Ejército, destacando sobre todo la caída en el número de robos.
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"Es increíble que alguien en su sana conciencia diga que el resultado es positivo, cuando hubo más de 6.400 muertes violentas", critica Ramos, que lamenta que la intervención no priorizara la protección de las vidas humanas, dedicando buena parte de los recursos a evitar robos a camiones en las vías de entrada a la ciudad, por ejemplo.
De esos más de 6.000 muertos, casi una cuarta parte (1.375 personas) murió a manos de agentes del Estado, la mayoría policías militares: es un 33,6% más que en el mismo periodo del año anterior.
Así pues, la llegada de las Fuerzas Armadas a Río no sólo no sirvió para controlar a uno de los cuerpos policiales más corruptos y letales de Brasil y del mundo, sino que le dio alas, apunta Ramos, que ve como una "mancha" en el prestigio de los militares haber tolerado ese comportamiento.
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La especialista también critica que uno de los ejes de la intervención fueran espectaculares operaciones conjuntas entre militares y policías, que provocaban el caos en la ciudad (los tiroteos aumentaron un 56%) y en la mayoría de casos, dejaban pocos resultados (la incautación de grandes armas cayó un 8,2%).
"Fue un desastre en relación coste-beneficio, se gastó mucho (la intervención costó 1.200 millones de reales, más de 316 millones de dólares), para obtener resultados extremadamente pobres, vimos operaciones en las que se gastaban millones, se movilizaba a 500 hombres rodeando una favela… para incautar un fusil", lamentó Ramos.
Durante el periodo de la intervención, a mediados de marzo de 2018, fue asesinada la activista y concejala de Río Marielle Franco, cuyo crimen aún no se ha resuelto (en este sentido, el informe apunta un dato que no es casual: la policía de Río solo consigue resolver el 8% de los homicidios).
La especialista subraya que la intervención en Río es el "ejemplo a no seguir" y espera que esta experiencia no se repita en otros estados, a pesar de la fuerte militarización del Gobierno Bolsonaro y sus promesas de mano dura contra la violencia en las calles hacen pensar lo contrario.
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El ministro de Justicia y Seguridad, el juez Sérgio Moro, que recientemente presentó una serie de medidas contra el crimen que podrían dar carta blanca a los policías para matar en servicio, dijo estar impresionado con el trabajo realizado por los militares en Río de Janeiro.
