Según informaciones de la Secretaría de Seguridad del estado de Ceará recogidas por el portal G1, el Gobierno convocó de forma obligatoria a más de 1.200 policías y bomberos militares que estaban jubilados desde hacía cinco años y que seguían residiendo en el estado.
Desde el 2 de enero, Ceará sufrió al menos 210 ataques en 46 municipios, y por el momento 383 personas fueron detenidas por su presunta participación en estos actos.
Los ataques (en muchos casos explosivos contra autobuses, mobiliario urbano, obras de infraestructura, comisarias, edificios públicos, etcétera) son ordenados desde dentro de las prisiones de Ceará por los líderes de diversas facciones del narcotráfico y del crimen organizado.
El estado de Ceará no consiguió contener los ataques con sus propios medios (en Brasil las competencias en materia de seguridad están transferidas a los estados) y el Gobierno local acabó pidiendo ayuda al Ejecutivo de Jair Bolsonaro, que envió a la Fuerza Nacional la primera semana de enero.
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Un total de 330 militares de la Fuerza Nacional y 30 vehículos están movilizados en Ceará al menos durante el plazo de un mes, aunque su presencia podría prorrogarse dado que los ataques no disminuyeron en los últimos días.
