El presidente mexicano "no quiere pronunciarse" sobre cuestión migratoria con EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declinó pronunciarse sobre la cuestión migratoria con EEUU debido a la situación interna del país vecino, cuyo Gobierno federal está parcialmente cerrado por desacuerdos entre el Congreso y el presidente Donald Trump.

Sobre el tema migratorio "yo no quiero en estos momentos pronunciarme; hay una situación especial en EEUU y no quiero emitir un punto de vista, me voy a reservar; va a haber tiempo, hay una situación especial en estos días", dijo López Obrador en rueda de prensa en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

Sobre la discusión presupuestal que derivó en el cierre parcial del Gobierno de EEUU el mandatario dijo que "celebro que no tengamos ese problema [en México], es como un regalo de Navidad que se aprobó el presupuesto".

El proyecto presupuestal para 2019 fue aprobado en la madrugada de este 24 de diciembre por la Cámara de Diputados mexicana.

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López Obrador compareció junto al canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien moderó la aceptación "temporal" y por "razones humanitarias", anunciada la semana pasada, de los migrantes extranjeros deportados de EEUU mientras realizan trámites de asilo en ese país vecino.

Tal arreglo sería similar al de "tercer país seguro", estatus que solo es posible mediante un pacto bilateral que no existe ni será aceptado por México, explicó Ebrard.

"México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de tercer país seguro para personas que ingresen a nuestro territorio buscando acceder a EEUU", insistió el secretario de Relaciones Exteriores.

La instrucción de López Obrador es "que sea la dimensión humana la que regule toda la política migratoria mexicana", puntualizó Ebrard.

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Para Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los migrantes, la expulsión de extranjeros de EEUU a México viola las leyes internacionales, al obligar a los migrantes a quedarse en México, una decisión del Gobierno del presidente Donald Trump que califican de "cruel" e "inhumana".

El 9 de noviembre, Trump firmó un decreto que negaba el derecho a solicitar asilo a los inmigrantes que ingresan de manera ilegal, en momentos en que miles de ciudadanos centroamericanos se dirigían hacia ese país en caravanas escapando de la violencia y la pobreza.

Solo los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos en un puerto de entrada pueden solicitar asilo, dice el decreto.

Se suponía que la norma permanecería en vigor durante tres meses o hasta que se alcance un acuerdo que permita a EEUU "expulsar a los extranjeros hacia México".

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Pero la Corte Suprema de Justicia de EEUU prohibió el 21 de diciembre al Gobierno aplicar el decreto y mantuvo la suspensión que había emitido el 20 de noviembre un juez de distrito de San Francisco (oeste).

Según el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, en ese país hay más de 789.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución y solo 9% de los solicitantes obtienen ese estatus.

En 2017 y 2018 se presentaron respectivamente 55.585 y 92.959 solicitudes de asilo, mientras en 2019 se esperan 100.000 nuevas peticiones, cuyo trámite podría demorar más de tres años.