"Como miembros de la Alianza Cívica, ante las condiciones extremas que vive Nicaragua, en solidaridad con las víctimas, hemos decidido llamar a un paro nacional de 24 horas a partir de la 00:00 hora (6:00 GMT) del jueves 14 de junio terminando a las 11:59 del mismo día", indica un comunicado difundido el 12 de junio de noche por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de la red social Twitter.
A paro por nuestro futuro @COSEPNicaragua @AmChamNicaragua @FUNIDES pic.twitter.com/K0rh8hE4wT
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) June 13, 2018
Mientras, organizaciones de la sociedad civil como el movimiento estudiantil 19 de Abril convocaron el 11 de junio, en conferencia de prensa, a un paro de 24 horas para este 13 de junio en el departamento de León (oeste).
El texto de prensa de la Cosep agrega que "este es un paro cívico nacional y pacífico que abarca a todo el país y todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población".
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La Cosep, en nombre de la Alianza Cívica, demanda al presidente que dé una "respuesta inmediata a la Conferencia Episcopal sobre la reanudación del diálogo nacional", ya que este es "el camino para revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia y justicia", dice el comunicado.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó el 7 de junio en un comunicado que entregó una propuesta de "democratización" al presidente Ortega para decidir si se retoma el diálogo nacional, que fue suspendido el 23 de mayo pasado.
El mandatario pidió a los obispos 48 horas para reflexionar sobre sus pedidos.
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Sin embargo, el 11 de junio el secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de Estelí (noroeste), Abelardo Mata, dijo al diario local La Prensa que "la respuesta" que recibieron "es más violencia".
La Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidió suspender el diálogo nacional, que comenzó el 16 de mayo pasado, por falta de consenso entre las partes, y conformó una comisión mixta de seis personas para buscar puntos de acuerdo.
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La administración de Ortega ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de grupos de choque oficialistas que provoquen violencia en las manifestaciones.
El gobernante Frente Sandinista para la Liberación Nacional sostiene que las protestas forman parte de un "golpe suave" que tiene como fin derrocar al presidente.
