Según el medio turco, los militares condenados están acusados de haber intentado cambiar de manera violenta el régimen constitucional, así como de homicidios e intentos de homicidio.
Los disturbios, que tuvieron lugar principalmente en Ankara y Estambul, dejaron unos 300 muertos y 2.000 heridos.
Después de la intentona golpista, más de 50.000 personas fueron detenidas y más de 160.000 funcionarios, entre ellos militares, fueron despedidos o suspendidos por su presunta implicación o por supuestos vínculos con el predicador islámico y opositor Fethullah Gulen, a quien el Gobierno turco acusa de organizar la asonada.
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El propio Gulen, autoexiliado en EEUU, rechaza todas las acusaciones.
