"La legislación internacional no permite que estados individuales recurran a la fuerza en el territorio de otros estados con fines humanitarios determinados por dichos estados", señala el profesor y codirector del Instituto de Oxford en Ética, Ley y Conflicto Armado.
"Pedí el asesoramiento porque quiero estar seguro de la posición legal sobre los bombardeos; diputados y el público no deben ampararse en la información parcial sobre la legalidad difundida por el Gobierno", razona el diputado en su web.
El servicio de investigación del Parlamento de Westminster coincide en que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza armada de un estado contra otro.
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Se exceptúa de esta norma mundial la autodefensa nacional o colectiva; la acción con autorización del Consejo de Seguridad o con el consentimiento del Gobierno del otro estado, como ha justificado Rusia su presencia en Siria.
Para Akande, la posición de May "mina la norma" universal de que la prohibición del uso de fuerza armada de un estado contra otro es una "ley perentoria internacional".
Esto conlleva el riesgo de que otros países aporten sus propias justificaciones humanitarias para invadir territorios fronterizos, ya sea en protección de ciudadanos de la misma etnia o por otros intereses.
"Un problema importante de la interpretación que ha dado el Gobierno sobre su posición legal es que, de ser aceptada globalmente por otros estados, permitirá valoraciones individuales de cuándo es necesario recurrir a la fuerza para alcanzar los objetivos humanitarios", observa el profesor.
El académico recuerda que la Carta de la ONU incluye un cauce distinto al del Consejo de Seguridad para recabar consentimiento a los bombardeos sobre Siria.
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Se trata de la resolución 377A, Unidos por la Paz, de 1950, que "permite a la Asamblea de la ONU tomar medidas en respuesta a violaciones de la paz internacional, cuando la amenaza o el uso de la fuerza se bloquea en el Consejo", según escribe Akande.
