"El Gobierno de España tiene absoluta confianza en que el Reino Unido es un Estado con separación de poderes y un poder judicial capaz de analizar el caso", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
La portavoz respondió a una pregunta sobre si España se plantea tomar algún tipo de iniciativa judicial contra Assange por la revelación de más de 55.000 archivos secretos relativos a las instituciones españolas.
Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en el Reino Unido, y poco después detenido por la policía británica por incumplir una orden de arresto de 2012.
La detención de Assange se hizo también "en nombre de las autoridades de Estados Unidos" que presentaron el mismo día una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por la presunta comisión de delitos de intrusión informática.
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El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange conllevan una pena máxima de cinco años de prisión.
El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
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Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto, que la policía británica hizo efectiva el 11 de abril.
