Según fuentes de la Fiscalía, el barco, que sigue este 19 de marzo retenido en el puerto de Pozallo, fue confiscado preventivamente bajo la acusación de favorecer "la inmigración clandestina".
La propia ONG está acusada de constituir una "asociación criminal".
"Antes o después tenía que pasar: cada vez hay menos ONG en el Mediterráneo", lamentó Òscar Camps, fundador de la Proactiva Open Arms, en declaraciones a Catalunya Ràdio.
"Si no conseguimos otro barco, podemos estar meses parados, ya le pasó a otra organización", explicó al agregar que "si querían una forma de detener nuestra actividad, era esta".
El barco de la ONG española llegó a las costas italianas luego de recoger a 218 migrantes en el mar, que se negó a entregar a una patrulla libia, tras lo cual puso rumbo a aguas internacionales.
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La ONG defiende que proteger vidas humanas debe ser una prioridad de cualquier cuerpo, ya sea civil o militar, y que entregar a los rescatados a Libia "equivale a llevar una devolución en caliente", lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU.
Dastis avanzó que, al menos a priori, Madrid "no comparte la idea" de que "rescatar personas en alta mar sea algo que pueda objetarse".
No obstante, prefirió no pronunciarse al respecto hasta estudiar más a fondo el contexto legal.
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