La jefa del Gobierno conservador reiteró su objetivo de iniciar los trámites de control de futuros inmigrantes comunitarios durante la transición de la salida de la UE en una comparecencia en el Parlamento británico.
"Durante ese periodo tenemos la intención de registrar las nuevas llegadas desde la UE en preparación de nuestro futuro sistema de inmigración", señaló la primera ministra en la cámara de los Comunes.
"El procedimiento constitutivo que está diseñando RU para registrarnos como residentes es demasiado draconiano y se presta a ser restrictivo", denunció a Sputnik Ignacio Madariaga, coordinador de la plataforma Españoles en UK, Surviving Brexit.
Natural de Asturias (norte de España) lleva casi veinte años en Inglaterra y considera "un arma de doble filo" el acuerdo preliminar sobre la ciudadanía alcanzado entre Bruselas y Londres el pasado 8 de diciembre.
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Los líderes de la UE27 se apoyaron en este prepacto, que incluye también las cuestiones de la factura del divorcio y la frontera irlandesa, para dar luz verde a la apertura de negociaciones sobre la transición y la relación post-brexit durante el Consejo Europeo de la semana pasada.
Los colectivos de inmigrantes europeos llaman la atención sobre las muchas cuestiones —desde el derecho de reunificación familiar, requisitos del nuevo estatus residencial, restricciones en el amparo de la ley europea o la negación de sufragio- que siguen sin detallarse o se han resuelto insatisfactoriamente.
"Nos siguen utilizando como herramienta de negociación", denunció el coordinador de Españoles en UK.
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Madariaga asistió días atrás a una reunión que el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, mantuvo con representantes de medio millón de nacionales afectados por el Brexit.
Entre los requisitos más polémicos sobresalen las revisiones de seguridad y antecedentes penales de los actuales residentes comunitarios, según advierte Madariaga.
"Es discriminatorio y, además, contraproducente porque va a generar mucha desconfianza en el proceso", señaló en la entrevista con Sputnik.
Los grupos de presión instan al Ejecutivo de May a reformular la tramitación y justificación de la residencia con un procedimiento "declarativo más sencillo y más justo que no incluya" al departamento de Inmigración del ministerio del Interior.