"El nuevo proyecto de Ley de Sanciones asegurará que cuando Reino Unido salga de la Unión Europea retendremos la habilidad de imponer, actualizar o levantar regímenes sancionadores en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y siguiendo nuestros objetivos en política Exterior y seguridad nacional", declaró Alan Duncan, secretario de Estado para Europa.
Casi todos los embargos y sanciones a individuos, corporaciones o Estados, incluidos los acordados en la ONU, se aplican en la actualidad en base a la ley de las Comunidades Europeas, de 1972, que perderá vigencia con el Brexit.
Hay por tanto urgencia para que el proyecto de ley sea ratificado antes del 30 de marzo de 2019, plazo límite oficial de la permanencia británica en el club de Bruselas.
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La legislación propia garantizará la "continuidad" de las sanciones vigentes en la actualidad y dará al Gobierno de Londres "flexibilidad" en la imposición de nuevos objetivos y fórmulas punitivas.
El plan publicado este 2 de agosto incluye la respuesta del Gobierno a una consulta pública en la materia.
"Esto nos permitirá imponer sanciones por nuestra iniciativa o con asociados en la UE y el resto del mundo", añadió el político conservador.
Entre los nuevos poderes el Ejecutivo propone "asegurar que individuos y organizaciones puedan impugnar cualquier sanción impuesta a los mismos".
El ministerio no aclaró si el derecho al recurso legal en Reino Unido será extenderá a todos los sancionados o únicamente a los penalizados después del brexit.
