"El objetivo general del Gobierno es garantizar que dispondremos de los poderes legales necesarios para continuar implementando regímenes de sanciones efectivamente en apoyo de nuestras amplia agenda en seguridad nacional y política Exterior", declaró el secretario de Estado, Alan Duncan, al lanzar la iniciativa.
La consulta pública abarca nueve cuestiones relacionadas con el proceso sancionador, desde la inclusión del terrorismo nacional a mecanismos de recurso para individuos y entidades afectados directamente o medidas contra el blanqueo de capitales.
Londres tramita la mayoría de sanciones internacionales en base a la ley de la Comunidad Europea de 1972, que quedará abolida en cuanto se consume el Brexit.
"Reino Unido tiene algunos limitados poderes domésticos para imponer sanciones, pero no son suficientes para replicar el rango completo de sanciones actualmente en vigor a través de la ONU o la UE", reconoce el Libro Blanco publicado este 21 de abril.
El objetivo del Ejecutivo apunta a "preservar la habilidad actual para imponer y aplicar prohibiciones de viaje, congelación de activos y restricciones financieras y comerciales".
"La nueva legislación nos aportará mayor flexibilidad en nuestra forma de enfocar estas asuntos y nos permitirá emular las mejores prácticas internacionales", afirma el texto oficial.
La consulta se extenderá durante nueve semanas hasta el próximo 23 de junio.
