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    El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos para que se equiparen los salarios entre hombres y mujeres.

    "A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer puedan cobrar emolumentos diferentes", ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

    Las dos normas aprobadas en el Consejo de Ministros "nos van a colocar en la vanguardia de la transparencia retributiva", ha afirmado Díaz, destacando que "estamos ante un hito histórico"

    Ahora las empresas estarán obligadas a realizar registros retributivos que contengan la información de los sueldos de todos los trabajadores desglosada por sexo y por puesto de trabajo, incluyendo los puestos directivos y los altos cargos.

    Si no se realizan estos registros, las empresas podrían enfrentarse a un indicio de discriminación por género y se podrían llevar a cabo acciones contra ellas.

    El otro decreto regula los planes de igualdad de las empresas, que estarán vigentes durante el tiempo que pacten ambas partes, no pudiendo superar los cuatro años.

    Las españolas ganan 43.000 millones de euros menos al año que los españoles, tal y como refleja en el informe del sindicato UGT sobre la discriminación salarial hacia las mujeres.

    Según los últimos datos de Euroestat España es el segundo país donde más ha aumentado la brecha salarial (un 0,9%), mientras que en el conjunto de la Unión Europea la brecha ha descendido un 0,20%.

    Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del "software" de doble uso, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.

    La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que "no hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos". La ministra ha asegurado que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos.

    Las nuevas medidas, según calcula el Ejecutivo, podrían tener un impacto de 828 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable. En 2019 la lucha contra el fraude fiscal permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1 % mas que un año antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas digitales ingresó 608 millones, un 75 % más.

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    Consejo de Ministros de España, España, Gobierno de España
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