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    BARCELONA (Sputnik) — El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el anteproyecto de una ley con nuevas medidas contra el fraude fiscal con la que espera recaudar 800 millones de euros al año.

    Así lo anunció en rueda de prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien destacó que la prevención y lucha contra este tipo de actividades irregulares es una una "prioridad" del Ejecutivo.

    "No hay justicia social ni justicia tributaria si algunos pretenden eludir los compromisos y obligaciones que tiene el resto", manifestó la responsable de Hacienda en España.

    Montero calificó de "imprescindible" el cumplimiento de las obligaciones tributarias y advirtió del "deterioro" que generan las prácticas irregulares de evasión fiscal en las arcas públicas de España.

    Con este plan, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé aumentar la recaudación en 800 millones de euros en un ejercicio mediante la intensificación de la labor de la Agencia Tributaria, que en 2019 ingresó 15.715 millones con la persecución del fraude.

    Entre otras medidas, el anteproyecto de ley incluye la prohibición de los denominados 'softwares de doble uso' utilizados por las grandes compañías para manipular su contabilidad y un mayor control sobre la criptomoneda.

    También contempla una actualización de la lista de paraísos fiscales y la prohibición de las amnistías fiscales.

    "Se acabó perdonar a incumplidores y beneficiar a los evasores que crean agravios comparativos con millones de españoles que sí cumplen", afirmó la portavoz española.

    Otra de las medidas que destacó la ministra es la ampliación de la lista de deudores con la Agencia Tributaria de España mediante la disminución del umbral de deuda, actualmente en 1 millón, a los 600.000 euros.

    Además, se limitarán los pagos en efectivo realizados entre empresarios desde los 2.500 euros a los 1.000 euros, mientras que seguirá en 2.500 euros para particulares, aunque la intención es seguir reduciendo las cantidades.

    A su vez se reducirá de 15.000 euros a 10.000 euros el límite vigente para los particulares con domicilio fiscal en un país extranjero.

    El objetivo es mantener una "tolerancia cero ante este tipo de prácticas, especialmente en el actual momento de crisis económica por la pandemia", subrayó la ministra de Hacienda.

    Etiquetas:
    España, fraude fiscal
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