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    La policía autonómica ha arrestado al dueño de la empresa de residuos de Zaldívar, en el País Vasco, y otras dos personas por supuestos delitos ambientales y de salud.

    El 6 de febrero, miles de toneladas se desplomaron en el vertedero de Zaldívar, una localidad de Vizcaya, en el País Vasco. El derrumbe sepultó a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, de 51 y 62 años respectivamente. Casi seis meses después, sus cuerpos siguen desaparecidos. Entre medias, una pandemia, unas elecciones autonómicas y una investigación interrumpida que el 21 de julio dio un nuevo paso: la jueza encargada del caso ordenó la detención del dueño y de dos altos cargos de la empresa que gestionaba la escombrera.

    José Ignacio Barinaga (dueño de Verter Recycling, empresa que administra el lugar), su sobrina Ainhoa Bilbao, gerente, y Juan Etxebarria, ingeniero jefe, fueron detenidos por posibles delitos ambientales y contra la salud de los trabajadores. Están a la espera de declarar en el Juzgado 1 de Durango y ser puestos a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. La compañía, por su parte, ha calificado la actuación de "ilegal" y ha indicado que se ha realizado "por decisión policial" y no por "orden judicial".  

    Ya en junio, la policía vasca encontró "principios de criminalidad" en la gestión del vertedero, según las apreciaciones del sumario. Acusaron a Verter Recycling de "actuaciones irregulares". Supuestamente, los empleados ya habían advertido del riesgo de deslizamientos antes de que el alud de un millón y medio de metros cúbicos sepultara a Beltrán y Solouze. El episodio drámatico también sirvió para poner el foco en las deficiencias del tratamiento de residuos en el país

    La caída, que sucedió en unos 40 segundos sobre la carretera que conecta Bilbao y San Sebastián, puso en entredicho la forma de tratar los residuos en España. Para iniciar la búsqueda hubo que proceder con excesiva cautela, debido a la inestabilidad del terreno y la existencia de metales peligrosos como el amianto o el metano. Lo más urgente, según afirmaba Elena Moreno, Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, era encontrar a dos personas enterradas sin poner en peligro a otras. Los trabajadores podían estar a unos 22 metros de profundidad y había peligro de lluvias e incendio, lo que complicaba las tareas.

    No se resolvió la catástrofe entonces. Iniciaron las búsquedas con EPIs (Equipos de Protección Integral) y pronto llegó la epidemia de coronavirus, que bloqueó las actuaciones. Además, el altercado se produjo días antes de unos comicios autonómicos que se suspendieron hasta el pasado 12 de julio. Iñigo Urkullu, que ostentaba la presidencia vasca y ha revalidado el título, tuvo que pedir disculpas en sede parlamentaria por los posibles errores cometidos con la instalación, aunque responsabilizó a la empresa adjudicataria. Los costes de la búsqueda se cifran en 10 millones de euros.

    Etiquetas:
    elecciones, trabajadores, España, País Vasco, basurero, basura
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