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    Dos trabajadores llevan desde el 6 de febrero sepultados en el vertedero de Zaldívar, en la provincia de Vizcaya (al norte de España). Las deficiencias en el tratamiento de residuos han provocado este desastre humano y medioambiental que no parece nuevo en el país.

    Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, dos trabajadores de la planta de tratamiento de recursos de Zaldívar, en Vizcaya, quedaron sepultados el pasado 6 de febrero bajo los escombros. Hacia las cuatro de la tarde de aquella jornada laboral, la tierra se agrietó. En las instalaciones ya se había hablado informalmente de ese eventual desenlace. Pero la empresa, Verter Reciclying, no había hecho nada. Posteriormente, se sumó un nuevo inconveniente a la búsqueda: el suelo del vertedero poseía amianto. La existencia de este elemento paralizó la investigación debido a los problemas graves de salud que puede provocar. Y este martes, 12 días después de la desaparición, los vecinos de la zona han exigido al ejecutivo respuestas claras y soluciones inminentes.

    Íñigo Urkullu, el presidente del Gobierno vasco, ha admitido los "errores" que han podido cometer durante esta "crisis". Además, ha dicho: "No me cansaré de repetir que estamos hablando de una actuación de urgencia y emergencia, en un ámbito que corresponde a la empresa. La administración está trabajando con carácter subsidiario". "Las familias han estado atendidas en todo momento de forma profesional y personalizada. Han recibido información completa, veraz y realista desde el primer día", ha indicado, derivando responsabilidades.

    Las dramáticas consecuencias de esta "crisis" han sacado a la luz las deficiencias del sistema de recogida de residuos de nuestro país. La indignación de los ciudadanos del País Vasco ya lo era de la Unión Europea (UE). En 2016 y 2017, su Tribunal de Justicia (TJUE) interpuso dos sanciones. Y no parece que vaya a quedarse así: la situación amenaza en convertirse en una fuente de multas millonarias por incumplimientos con las normas europeas. En 2020, según lo estipulado por Bruselas, todos los países miembros deberían reciclar el 50%. A punto están de formar también que en 2030 sea el 70%. Y en España, los cálculos no dan más que una cantidad reciclada del 33%, sin progreso en los últimos años.

    ​Los avisos de la UE no son, por tanto, una anécdota. En febrero de 2016, el TJUE señaló a 27 vertederos que o bien seguían en activo o bien no fueron sellados tras su cierre. La segunda, de 2017, amplía a 61 vertederos, el 80% de los cuales se encuentra entre las Islas Canarias y Castilla y León. España, sin embargo, solo reconoció 36 de esas instalaciones y aseguró que todas habían sido ya cerrados y sellados desde el dictamen europeo, con fecha 26 de septiembre de 2014. La respuesta, no obstante, fue negativa: algunos estaban cerrados, era cierto, pero con el tiempo expirado a pesar de haber sido advertidos.

    "España ha incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los residuos sean tratados como establece el Derecho de la Unión, sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora", expresaba la corte, con sede en Luxemburgo.

    Las multas podrían superar los 50 millones de euros. Según un informe de Eurostat de 2019, en España cada persona generaba en 2016 una media de 2,8 toneladas al año de residuos, mientras que la media europea es de cinco. En total son unos siete millones, de los cuales apenas se reciclan dos.

    Tal lastre nacional parece seguir sin resolverse. Lo de Zaldívar, según la opinión de asociaciones medioambientales, es algo común. Carlos Arribas, experto en residuos de Ecologistas en Acción, cree que "en España esto se considera algo secundario" y no se toman medidas. Ellos ya han denunciado en varias ocasiones las malas condiciones y la existencia de irregularidades en estos recintos. "El riesgo de más multas es muy alto", adelanta Arribas por teléfono, convencido de que España no cumple las directivas europeas.

    "En cuanto Bruselas obligue a separar la recogida de materia orgánica, va a ser aún peor: estamos a la cola de Europa. Necesitamos implantar medidas fiscales y de educación ambiental cuanto antes. Si no, además de multas, nos quedaremos sin fondos europeos por incumplimiento de obligaciones", comenta.

    Uno de los problemas es, precisamente, la complejidad del sistema. En España hay escombreras ilegales y remotas que sortean los controles. Son instalaciones precarias, levantadas sin permiso y poco llamativas. Además, están los vertederos como el de Zaldívar. En este último, marcado estos días por la desgracia, se barajan datos que indican que soportaba una cantidad mayor de residuos. También que tenía elementos —como el mencionado amianto— con un grave impacto ambiental. Por no hablar de la falta de mantenimiento (que pudo originar la grieta), el inexistente tratamiento de los suelos.

    Secuelas duraderas

    "Son innumerables los vertederos sin el debido cuidado", explica Arribas, "y es un peligro porque son bombas de relojería: van poco a poco soltando materiales peligrosos como el metano (por eso se producen los incendios que hemos visto) y duran décadas en desaparecer". No hay más que ver las advertencias a la hora de buscar a Sololuze y Beltrán o la suspensión, el domingo día 16 de febrero, del partido que enfrentaba a la Real Sociedad con el Eibar (dos equipos vascos) en un estadio cercano.

    "Se deben controlar medioambientalmente durante 30 años, supervisando las aguas subterráneas y las emisiones a la atmósfera. La descomposición no se detiene por el hecho de sellar un agujero", cuenta Arribas.

    Muchos de estos espacios legales se cubren con una capa de polietileno de tres milímetros y con una barrera de arcilla, "en los mejores casos", según comenta el experto de Ecologistas en Acción. Lo habitual, sin embargo, es que los gases y los movimientos del terreno los agujereen. "Son un peligro para la salud pública. Las administraciones se escudan en que muchos contienen solo residuos inertes, pero mucho ojo con esos materiales de demolición y construcción, como el amianto o las cañerías de plomo, que se ha demostrado que son cancerígenos", aclara Arribas, que, entre otras cosas, atribuye este desfalco a "lo barato" que sale tirar los desechos. "Solo cuatro comunidades han querido tomar medidas y han subido el precio. Mientras no haya un impuesto serio, no va a haber cambios".

    Cataluña o la Comunidad Valenciana son las regiones principales que han incrementado el precio de la tonelada. Ignasi Puig, responsable de proyectos de la consultora medioambiental ENT, aseguraba en un artículo de El Confidencial que "la cuestión de los vertederos y el reciclaje varía mucho entre comunidades autónomas. Hay algunas, como Cataluña y Navarra, donde hay municipios que cumplen y hasta superan los objetivos de la Unión Europea, y otras, como Canarias, Madrid o Baleares que están muy lejos". Lo normal, dice Arribas, es que se cobren 30 euros por toneladas. "Cataluña quiere llegar a 47, pero es que Reino Unido cobra 96 libras (unos 115 euros) ", exclama.

    "Es una cuestión de interés político, de si lo sitúas como una prioridad o no. Cerrar vertederos y desplegar programas de recogida selectiva es más costoso que hacer las cosas de cualquier manera, pero es necesario para preservar el medioambiente y evitar riesgos sanitarios. Hay comunidades que lo han entendido mejor que otras", incidía Puig, "el marco fiscal tiene una importancia extraordinaria, y España destaca por haber sido durante muchos años el país que menos ha gravado el vertido de residuos".

    "Aplicar un impuesto marca diferencias, ya que encarece el vertido e incentiva a las empresas y la sociedad a apostar por el reciclaje. Es cambiar las reglas del juego: hacer las cosas mal deja de ser lo más barato", esgrimía Puig. De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, sigue con el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar), que regula cada parcela de los residuos, pero falta coordinación entre comunidades autónomas: se traspasan competencias de un organismo a otro, sin avances. Por eso, en Zaldívar hay dos trabajadores desaparecidos y 48.000 vecinos en alarma por los niveles de contaminación.

    Etiquetas:
    País Vasco, residuos, España, basura
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