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    Las comunidades autónomas se reúnen con la ministra de Educación para dar forma a la manera en la que millones de alumnos de España y docentes volverán al curso escolar en septiembre. La vuelta a las aulas es termómetro de la evolución de la pandemia. Pero también, la educación es campo de confrontación política.

    Tras lanzar lo que muchos consideraron un globo sonda, proponiendo la reducción de las aulas al 50%, ahora el Ministerio de Educación rebaja sus aspiraciones y exigencias de seguridad. Celaá era rotunda en La Sexta TV, "el principio del nuevo curso es la presencialidad". El Ministerio avala su giro de dirección en base a los datos sanitarios, "según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica sólo un 1,37% del total de casos confirmados de COVID-19 corresponde a población entre 0 y 19 años".

    La nueva propuesta del gobierno propone matices más flexibles para la educación infantil, ya que se podrán establecer grupos estables de entre 15 y un máximo de 20 alumnos y sin la obligación de portar mascarilla. Para 5º y 6º de primaria, no hay alusión al número idóneo de alumnos, por lo que se entiende que funciona la ratio de 25 alumnos por aula. Sí se solicita en cambio una separación de al menos 1,5 metros entre las mesas. Si esta distancia no es posible, los alumnos tendrán que portar mascarilla.

    En cualquier caso, el Ministerio insta a todos los centros a elaborar su propio plan y protocolo de prevención y detección, en el que se prioriza la utilización de espacios libres, las medidas regulares de higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y boca o usar pañuelos desechables, así como establecer en las instalaciones un protocolo de limpieza y desinfección diaria.

    Discrepancia política, inacción educativa

    La comunidad educativa ha venido reaccionando en general con perplejidad a las propuestas de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, empezando por su polémica reducción del aforo al 50% en las aulas, para así asegurar las distancias de seguridad. Esa alternativa confrontaba con la realidad presupuestaria y de gestión de los espacios de los centros escolares. El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, argumentaba que "las propuestas que ha ido lanzando el Ministerio a la opinión pública durante las últimas semanas son irrealizables, porque en dos meses no podemos modificar los espacios de los centros educativos y porque el gasto en el profesorado sería enorme".

    En esta misma línea de confrontación encontramos a otro peso pesado del ramo, el andaluz Javier Imbroda, que confrontaba la visión del gobierno central. El consejero andaluz trabaja en base a "un escenario principal de vuelta a las aulas con total normalidad". Hay que tener en cuenta que Andalucía, donde gobierna una coalición de PP y Ciudadanos, representa el mayor reto educativo por tamaño y por carencias, contiene a 1,6 millones de estudiantes, más de 100.000 docentes y un índice de abandono escolar sonrojante que ronda el 20%, solo detrás las comunidades autónomas de Baleares y Murcia.

    En este clima, la crispación política ahonda las dificultades. Precisamente desde Andalucía, en la antesala de la conferencia sectorial de educación, el portavoz del PP en la Junta, José Antonio Nieto, apuntaba a la inoperancia del Ministerio para buscar soluciones, "si no lo hace, lo que se tendría que hacer es eliminar el Ministerio, porque para qué está si no actúa en una situación como la actual", obviando que las competencias en educación están descentralizadas.

    La fricción política es habitual en materia educativa.

    "A mi me tienen acostumbrado a esto, cuando un gobierno central dice A, el gobierno autonómico dice B y viceversa, con lo cual, al final los perjudicados son el alumnado y los que trabajamos en la enseñanza", lamenta Paco Padilla, profesional de la docencia desde hace 35 años de CEIP Santa Clara de Sevilla.

    Miguel Castillo, de USTEA, reacciona al "volver con normalidad" que pregona el consejero andaluz, Javier Imbroda. "Es una estrategia para dar la sensación de normalidad. Hacer declaraciones de este tipo es irresponsable y aventurado", argumenta el responsable de educación del sindicato, que señala a que la actual situación "requiere una dotación de recursos extraordinaria, un aumento de las plantillas y un gran esfuerzo en todos los sentidos, incluido el económico. Quizás esta sea la razón por la que se pretende dar esa sensación de "normalidad", para así poder justificar la ausencia de muchas de las medidas que habría que implementar".

    En educación, a estas alturas del año, es imposible planificar la vuelta a las aulas pensando meramente en una reducción del número de alumnos en las aulas. CCOO informa que, solo en Andalucía, la implementación de los 15 alumnos por clase implicaría la contratación de más de 50 mil docentes y 8.600 nuevas aulas, lo que se traduce en un desglose presupuestario de 155 millones de euros mensuales. Las aulas, al fin y al cabo, no son como las terrazas de los bares en fase 2.

    Tener al fin "un plan global de actuación" es otra de las habituales exigencias de la comunidad educativa. CSIF, como primera fuerza sindical de enseñanza pública volvía a reivindicarlo, además de alertar de la desprotección de un profesorado que padece "un incremento de responsabilidades y labores", destacando la creciente burocracia a la que los profesionales tienen que hacer frente con "multiplicidad de nuevas actuaciones, como Plan de actuación digital, Diseño universal de Aprendizaje, Aprendizajes basados en la investigación, gamificación, etc".

    La evaluación imposible es otro de los aspectos de confrontación. La posibilidad de ofrecer aprobado general ha sido otra de las discrepancias. Recientemente, los inspectores de educación han señalado la disparidad que los criterios de evaluación pueden provocar en el país. La descentralización en materia educativa permite, a ojos de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, agravar la fractura social y la "profundización de la desigualdad e inequidad educativa en España para este curso 2019/20", señala Javier Fernández Franco, coordinador del informe.

    Estos aspectos evidencian la necesidad de coordinación y planificación. España es un país en el que la estrategia educativa va y viene. Desde 1970, desde la Ley General de Educación franquista a la actual LOMCE, España ha pasado por 7 leyes orgánicas educativas. Esta planificación a corto plazo, muy a menudo, marcada en fase a periodos electorales, es lo que diferencia al sistema educativo español de países referentes como Dinamarca, Finlandia o Corea.

    Más allá de la planificación y el debate, al pie del cañón y de la gestión, Paco Padilla asume que "lo menos malo sería que regresaran todas las clases a la vez". El docente pone el acento en el alumnado, sobre todo en los más jóvenes, algo no muy presente en la tertulia política. "Los alumnos de infantil y primeria tienen que volver a las aulas. A esas edades precisan de contacto físico con sus iguales y necesitan de su maestro en cercanía física", explica el docente. La docencia online para las edades más tempranas del sistema educativo no puede aportar ni suplir la presencia del maestro.

    ​Recortes como única certeza

    Mientras toda la comunidad educativa hace cábalas para ver cómo se repartirán en la conferencia sectorial los 2 mil millones de fondo extra por la pandemia destinados a educación, los recortes se llevan a cabo desde la cocina de las consejerías autonómicas para cuadrar cuentas. La sombra del pragmatismo vuelve a la educación y los recortes vuelve a Andalucía, precisamente donde las condiciones de escolarización son peores, según denuncian los sindicatos.

    El Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina denuncia que los diferentes gobiernos andaluces "han venido suprimiendo unidades escolares, básicamente públicas. Por ello, ante la situación actual, es de irresponsables que la Consejería de Educación esté notificando a los centros educativos la supresión de unidades escolares públicas para el próximo curso, incluso de centros escolares completos. Sólo en el presente curso escolar, la Educación andaluza recortó 240 aulas de Educación Infantil y 754 de Educación Primaria".

    También la oposición socialista denuncia reducción en el presupuesto de educación de 14.540.000 euros, de los cuales, 10 millones son de personal. El pasado mes de abril, CGT calculó que unos 18000 estudiantes carecían de docentes y no se estaba articulando el sistema de profesores interinos.

    Miguel Castillo, de Ustea, califica de "incomprensible como en un contexto como este, en lugar de hacer todos los esfuerzos posibles por disminuir el número de alumnos y alumnas por aula se sigue incumpliendo la norma por exceso".

    Para Paco Padilla, que sigue haciendo malabarismos en el CEIP en el que trabaja  entre "la incertidumbre y la adaptabilidad", el problema de fondo es la falta de un modelo que guíe a la educación, "los 5 partidos políticos andaluces deberían ir a la conferencia sectorial con una solicitud específica de acuerdo a una estrategia educativa". A falta de luces largas en la educación, la improvisación y los recortes son el pan de cada día en el que se fragua el futuro de las próximas generaciones.

    Etiquetas:
    seguridad, escuela, vuelta a clases, educación, España
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