"Hemos acabado la actuación administrativa y, si el Gobierno tiene tiempo, procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio", dijo Celaá este 22 de febrero en su comparecencia semanal tras la reunión del Consejo de Ministros.
"Con estos mimbres hay que hacer el cesto", lamentó la ministra, que achacó la dilatación del proceso a su carácter "garantista" respecto a los derechos de la familia del dictador.
El 15 de febrero, el Gobierno dio por concluidos los trámites administrativos iniciados en verano y otorgó a la familia de Franco un plazo de 15 días para elegir un nuevo lugar de descanso para sus restos, bajo la única condición de que no sea un lugar de exaltación al dictador.
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Sin embargo, hay varios factores que todavía pueden frenar el proceso de exhumación.
Además, el prior del Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado Franco, se opone a la exhumación.
El Gobierno se muestra escéptico sobre que esta cuestión pueda suponer un escollo, ya que el Vaticano manifestó recientemente que no se opone a las decisiones adoptadas por las autoridades españolas.
"Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior, la Iglesia tendría un daño de imagen como institución de magnitud significativa", opinó Celaá.
La ministra portavoz explicó que "estamos en un Estado de derecho" y, en consecuencia, la Iglesia debe acatar la ley, en la que se indica que "no se puede seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública".
