"Hemos culminado un expediente con el que Sánchez se había comprometido. Como ministra he tenido el honor de elevar el acuerdo para su aprobación", afirmó la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
De esta manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ultima los trámites para tratar de exhumar a Franco antes de las elecciones del 28 de abril, dando así cumplimiento a una de sus principales promesas desde su llegada al poder en verano de 2018.
Según recordó la ministra de Justicia, el Gobierno de Sánchez aprobó el 24 de agosto un decreto para modificar la Ley de Memoria Histórica, estableciendo que en el complejo monumental del Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no sea víctima de la Guerra Civil (1936 – 1939).
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Desde ese momento, la presencia de los restos de Franco en la Basílica del Valle de los Caídos —donde fue enterrado con honores en 1975— se situó fuera de la ley, por lo que el Gobierno inició una serie de trámites administrativos para proceder a su exhumación.
Por el momento, el Gobierno no dispone de un cronograma concreto sobre cuándo se realizará la exhumación, ya que los siguientes pasos están condicionados a la respuesta de la familia.
"Hasta que no se den todos los pasos, esto es que la familia responda o no con el lugar en el que desea inhumar los restos, no se puede continuar con la toma de decisiones", explicó Delgado.
La familia de Franco tendrá libertad para elegir el lugar de inhumación, aunque el Gobierno vigilará que estos cumplan con criterios "de orden público" y de "cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".
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En ese sentido, explicó que el Gobierno se opondrá a que el dictador sea llevado a la catedral de La Almudena de Madrid, tal y como propuso la familia.
Si la familia no hace ninguna propuesta en el plazo otorgado, o si esa propuesta no se ajusta a los requisitos dictados por el Gobierno, será la administración quien decida el nuevo lugar de reposo de los restos de Franco.
En opinión de Delgado, la exhumación de Franco es un gesto de "responsabilidad histórica" que "nos marcará a todos como españoles".
Pese a que los trámites se encuentran avanzados, todo el proceso podría quedar paralizado si el Tribunal Supremo admite los recursos presentados por la familia contra la exhumación.
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