"Este procedimiento no es jurídico sino político, vulnera derechos fundamentales", dijo durante su comparecencia Raül Romeva, exconsejero catalán de Asuntos Exteriores.
El otro exconsejero que compareció este 17 de abril en el Tribunal Supremo fue Joaquim Forn, antiguo encargado del área de Interior en el Gobierno catalán, que reiteró que en ningún momento el independentismo tuvo intención de propiciar situaciones de violencia.
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Todos ellos fueron citados para conocer el auto por el cual el juez instructor les procesa por la presunta comisión de delitos de malversación y rebelión, por lo que podrían afrontar penas de entre 17 y 33 años de prisión.
Con excepción de Forn, que reiteró ante el magistrado su intención de abandonar la política y aceptar la legalidad vigente, los políticos catalanes cargaron contra el juez instructor Pablo Llarena por mantenerles en prisión preventiva.
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En concreto, Josep Rull puso en duda la independencia del juez y comparó las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo con las adoptadas por las autoridades judiciales de Bélgica, Alemania y Escocia, donde los políticos catalanes reclamados por España no están en privación de libertad mientras se resuelve la petición.
