En un auto emitido en la tarde de este viernes, la jueza acuerda "la busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont, librándose orden europea de detención y entrega con fines extradicionales para el ejercicio de las acciones penales correspondientes".
El expresidente y cuatro de sus exconsejeros –Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)– eludieron la orden quedándose en Bélgica para, según explicaron, denunciar en el corazón de la Europa institucional la persecución política a la que, a su modo de ver, son sometidos en España.
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Todos ellos pidieron prestar declaración ante la autoridad judicial belga a través de videoconferencia, pero la jueza Carmen Lamela consideró que sus circunstancias no justificaban la habilitación de esa vía.
El auto emitido por Carmen Lamela apunta que el Gobierno Regional de Cataluña "unió sus voluntades con otras entidades" para "lograr la secesión de España".
En el proceso para lograr ese fin, la jueza considera que los querellados pudieron incurrir en delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, por los que podrían afrontar penas de cárcel de hasta 50 años en el peor de los casos.
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En cuanto al papel de Carles Puigdemont, la jueza considera que el expresidente catalán "lideró la movilización de los sectores independentistas" para lograr "la secesión al margen de los cauces legales para reformar la Constitución".
Carmen Lamela aprecia que esos llamamientos a la movilización ciudadana fueron realizados por Puigdemont "como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista de manera coactiva", lo que a su modo de ver constituye un indicio de la concurrencia de delitos de rebelión, el más grave de todos los que afronta.
Además, la jueza también considera que el investigado "planificó, organizó y financió con fondos públicos la convocatoria de referéndum del 1 de octubre", extremo en el que se podría sustentar una futura acusación por delitos de malversación.
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Finalmente, Lamela argumenta que Puigdemont era conocedor de que sus planes contrariaban los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que en repetidas ocasiones dictó resoluciones contra el proceso secesionista, lo que apunta a la posibilidad de una futura acusación por delitos de desobediencia y prevaricación.
