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    Un procedimiento de ratificación lento en los parlamentos nacionales y en el Europarlamento, y una problemática suscitada en torno al respeto al Estado de Derecho que podría camuflar otros intereses, puede retrasar la puesta en marcha del plan de ayudas acordado en julio. Los expertos avistan recortes salariales.

    En el seno de la UE parece instalarse la idea de que la puesta en marcha efectiva del plan de ayudas acordado a mediados de julio puede retrasarse. Y en una situación en que la pandemia y la crisis asociada no entienden de dilaciones, las consecuencias en la recuperación económica pueden ser graves.

    Del volumen de 750.000 millones de euros pactados, en principio 140.000 estarán destinados a España. Durante las negociaciones del Consejo Europeo Extraordinario de julio, el respeto al Estado de Derecho en Polonia y Hungría fue uno de los escollos que marcaron aquella discusión. La independencia del poder judicial o la estigmatización de ONGs y colectivos de defensa de derechos civiles está en tela de juicio en estos países, que pueden bloquear la activación del plan de recuperación simplemente denegando el incremento del techo de gasto en sus parlamentos nacionales en caso de estimar injerencias en sus asuntos internos.

    En opinión de los expertos, los llamados países frugales podrían aprovechar esta coyuntura para hacer valer sus reticencias iniciales al acuerdo en un momento en que la crisis económica exige rapidez de acción. Esta posibilidad, explica a Sputnik el economista Daniel Albarracín, "en la práctica es una expresión de la concepción intergubernamental de la UE, y cómo se ha tratado de soslayar este principio con un acuerdo sumamente frágil".

    Durante su participación en el Consejo Europeo Extraordinario del 1 y 2 de octubre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió la aprobación "cuanto antes" del plan Next Generation UE, para poder aplicarlo en 2021 "con todas las garantías".

    Una maquinaria lenta

    "Olvidémonos de Hungría y Polonia", insiste el economista Fernando Luengo. "La UE tiene un procedimiento para la aprobación de los fondos muy complejo y tedioso". En declaraciones a Sputnik, este exprofesor universitario afirma que "España de ningún modo puede contar con los 140.000 millones en enero, porque ya estaba contemplado que eso no iba a ser así".

    "Estaba previsto que España dispusiera de una parte pequeña en 2021 y del grueso en 2022 y 2023", matiza. "Tras el visto bueno de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, la cuestión debía pasar al Parlamento Europeo y luego a todos y cada uno de los parlamentos nacionales porque el protocolo requiere unanimidad", recuerda, al tiempo que alerta de una "cuestión ocultada", por estar planteada  "en clave tramposa". A saber,  que "la única condicionalidad que hay es que los fondos se destinen a los objetivos proclamados de transición digital y de fortalecimiento del sistema de salud pública".

    "Pero esto, que es solo una parte de la cuestión, no garantiza que los fondos lleguen a quien los necesita, no garantiza inversiones socialmente deseables. Porque el dinero puede llegar a empresas y grupos económicos que se mueven en esos espacios", advierte Luengo.

    A juicio de este economista, autor del blog Otra economía, la lentitud del mecanismo comunitario contrasta con la respuesta rápida que exigía el hundimiento económico asociado a la pandemia, y esto es "una contradicción en sus propios términos en un momento en que la pandemia está fuera de control ahora mismo no solamente en España".

    Más allá de los casos polaco y húngaro

    Para el también exprofesor universitario Daniel Albarracín, es la propia naturaleza intergubernamental del acuerdo "la que puede hacer embarrancar su puesta en marcha en su apartado decisorio".

    En su opinión, el hecho de que todos los Estados miembros tengan que ratificarlo y que cualquiera pueda vetar apartados de su aplicación, representa "un terreno abonado a su sabotaje permanente". "Hungría o Polonia querrán desmarcarse, invitando a que el acuerdo no les concierna, porque insisten en que su modelo autoritario no está en discusión", declara  Albarracín, también sociólogo.

    "Y Países Bajos emplea este argumento para que el acuerdo no se implemente, reuniendo así razones para que su agenda 'austeritaria' sea tomada en cuenta", añade.

    La bandera de la UE
    © AFP 2020 / Philippe Huguen
    Albarracín sostiene que el acuerdo pactado en julio soslayaba el cumplimiento de los países del Club de Visegrado en cuanto al respeto del rule of law, "aun cuando estos países socavan todos los fundamentos del Estado de Derecho y cualquier espíritu de división de poderes". "Alemania aceptó aligerar esos requisitos y es probable que Países Bajos invoquen este incumplimiento con un criterio orientado a hacerse imprescindible en la ecuación, para que no se olvide que tienen la última palabra y que nadie se aleje de la aplicación de iniciativas acordes a la consolidación fiscal".

    Una iniciativa acorde

    La política fiscal es un caballo de batalla permanente. Luengo argumenta que aunque en el marco del Consejo Europeo Extraordinario de julio la UE accedió a tomar medidas "inconcebibles hasta entonces" que rompían con su ortodoxia, sin embargo fueron "insuficientes".

    "Por eso yo defiendo la progresividad en el sistema tributario y gravar a las grandes corporaciones", declara, aunque se lamenta de que el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin) y el impuesto digital (tasa Google) sigan siendo solo un deseo. Y aun con las nuevas vías de financiación, defiende, "va a haber recortes salariales", una idea muy instalada en el ideario de Bruselas y que él define como "confiscación salarial".

    "Si las empresas no pueden alimentarse del crecimiento, exploran fórmulas de confiscación. Y ahí hay dos escenarios: el salarial, donde la gente va a tragar con todo, y el presupuestario, porque sigue habiendo un negocio potencial enorme en el envejecimiento demográfico y en la educación. Ahí va a haber mucha confiscación", asegura. "De hecho, en 2022 la renta per cápita va  a ser inferior a 2019, según los últimos informes de la UNCTAD [Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo].

    "La UNCTAD habla de que no se van a producir escenarios en forma de 'U' o 'V', sino de 'L'; largos periodos de bajo crecimiento y crecimiento discontinuo sin descartar una crisis. En ese periodo la austeridad salarial va a estar en el centro de la agenda, del mismo modo que lo estarán los ajustes presupuestarios", afirma Fernando Luengo.

    Exigencias a cambio de las ayudas

    Otro de los factores que pueden ralentizar la llegada de la ayuda a España es la propia aprobación unos presupuestos que confirmen los objetivos genéricos marcados por la Unión Europea.

    "El Gobierno tendrá que demostrar en Bruselas que se acomodan a las exigencias del Semestre Europeo, entre las cuales figura la realización de reformas", recuerda Fernando Luengo. "Es decir, el Gobierno tiene que aprobar un presupuesto que incluya los criterios de utilización del fondo", recalca, recordando que el modo en que se administrarán los fondos en el trienio 2021-2023 será reevaluado en 2022. "Y eso es un cajón de sastre, porque en el Semestre Europeo se habla de reformas de pensiones, laborales y salarios sostenibles".

    Luengo señala que aunque en la actualidad el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento no es exigible para España, sin embargo "ya se habla de hacer ajustes presupuestarios una vez pasado el momento de excepcionalidad".

    "Así que la cuestión de Hungría y Polonia", continúa, "puede operar como una especie de manto que la sesgue un poco. Porque cuando se discutió el fondo, se pasó de puntillas sobre la vulneración de derechos. Y aunque lo de Polonia es un escándalo ―no existe un poder judicial independiente―, si se habla de derechos, hay que meter en el debate el tema de la inmigración".

    El destino de las ayudas

    En palabras de Daniel Albarracín, el destino final del dinero englobado en el Fondo Next Generation ("que no es la solución expansiva que tanto critican") es una incógnita, "habida cuenta de que solo un porcentaje menor se destinará a un concepto específico, pues caben aspectos  de contenido muy diferente: investigación, sanidad o políticas de transición ecológica.

    "El 89% estará sujeto a propuestas de cada gobierno que deben ser admitidas por todo el resto de países y sobre lo que no hay ninguna pauta. Esta situación de previsible bloqueo en el mejor de los casos supondrá un aplazamiento, en otros una alteración de su orientación, en otros un recorte, y nada descarta que al final se disipe su aplicación".

    "En definitiva, solo un modelo no intergubernamental, de mayorías cualificadas, podría permitir superar esto", resume Albarracín, también miembro de la Cámara de Cuentas de Andalucía. "Con todo, este esquema tampoco garantiza una solución progresiva, dada la conformación de un centro y dos periferias (Sur y Este) con intereses contrapuestos en el diseño de la arquitectura económica de la UE", concluye. "Y la cuestión no es ya que los aprueben los parlamentos ", añade Luengo, "sino que se aprueben los programas dentro del Semestre Europeo y que luego haya proyectos suficientes para absorber".

    Basándose en un estudio del think tank belga Bruegel, este economista ofrece un dato intrigante: la capacidad de España para captar fondos del presupuesto comunitario para financiar proyectos concretos es inferior al 40%. "Si ese dato es cierto, es un escándalo", advierte. "El presupuesto libera dinero si hay proyectos que lo respalden. Y España puede estar en la cola en cuanto a la creación de proyectos para recibir dinero".

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    recuperación, Estado de Derecho, Gobierno de Polonia, Gobierno de Hungría, ratificación, retraso, Comisión Europea, ayuda, Pedro Sánchez, Consejo Europeo
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