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    MADRID (Sputnik) — Tras cinco días de intensa negociación, rozando ya el amanecer del 21 de julio, los países de la Unión Europea dieron luz verde a un acuerdo sin precedentes para movilizar 750.000 millones de euros en ayudas a los países más afectados por la pandemia.

    Hasta 390.000 de esos millones serán transferencias directas, mientras que el resto se movilizará a través de préstamos. La propuesta inicial de la Comisión Europea contemplaba 500.000 millones en subvenciones, pero esa cifra al final fue recortada por el empuje de los llamados países frugales, que durante días trabajaron por limitar el alcance del fondo.

    Sin embargo, al contrario que en la crisis de 2008, pesos pesados del club comunitario como Francia y Alemania dieron muestras de mayor solidaridad con sus vecinos del sur —los más afectados por la pandemia y principales beneficiarios del fondo— y trabajaron para cerrar un acuerdo en condiciones que no agraven el castigo para aquellos que peor lo están pasando.

    Los rescates de la pasada crisis financiera implicaron el aterrizaje de los hombres de negro de la Troika en los países receptores, obligados a cumplir memorandos con condiciones draconianas para imponer la austeridad y asegurar el pago de la deuda por encima de todo.

    El Fondo de Recuperación tendrá, al menos en un primer término, un espíritu diferente. Las subvenciones estarán financiadas con la emisión de deuda común, lo que supone esfuerzo conjunto en un tiempo en que el rumbo político de la Unión Europea parecía apuntar más al individualismo e incluso hacia la desintegración, tal y como evidenció el Brexit. No obstante, las tensas negociaciones con los frugales —encabezados por Países Bajos— recuerdan que la fractura norte/sur sigue presente.

    Un salvavidas con condiciones

    España se embolsará en los próximos seis años 140.000 millones de euros del fondo, 72.700 en ayudas directas y el resto en créditos. Los datos son tan mareantes que cuesta medir su envergadura. En el caso español, el trozo de la tarta equivale al 11,2% del PIB en 2019.

    Se trata, por ejemplo, de una cifra no muy lejana al total del gasto anual en pensiones (153.000 millones) y que quintuplica el presupuesto total de una región tan importante como Cataluña (28.814 millones)

    Esta inyección es, sin duda, un importante punto de apoyo desde el que se puede hacer palanca para remontar ante la crisis que se viene. Según las proyecciones más agoreras del Banco de España, la pandemia puede hacer que el PIB del país, especialmente dependiente del turismo, caiga hasta un 15,1% en el conjunto de 2020, por lo que toda ayuda es bien recibida.

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró satisfecho por el pacto para poner en marcha el fondo. "Es un gran acuerdo para Europa y para España; no les quepa duda que hoy se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea", dijo.

    No obstante, Sánchez dijo estar únicamente "satisfecho al 95%" porque España se dejó 5.000 millones de la propuesta inicial de la Comisión —que le concedía 77.500 millones a fondo perdido— en la negociación con los frugales.

    Pueden parecer minucias, pero ese dinero alcanza para financiar, por ejemplo, la medida estrella del Gobierno en la crisis tras la pandemia: el ingreso mínimo vital, que tiene un coste estimado de 3.000 millones anuales.

    Además, no es oro todo lo que reluce. España no tendrá que lidiar con las condiciones asfixiantes de los rescates en la crisis financiera, pero el fondo no está exenta de condicionalidad. Países Bajos consiguió incluir en el acuerdo el llamado "freno de emergencia", un procedimiento por el que cualquier país de la UE puede expresar su preocupación por cómo otro utiliza el dinero del fondo, abriendo así un proceso de revisión.

    En concreto, los fondos están pensados para funcionar en el marco de las recomendaciones del Semestre Europeo, que incluye como ejes la transición ecológica o la digital, pero también viejos elementos de la ortodoxia económica de Bruselas como los incentivos a la contratación.

    La mera amenaza de activar el freno de emergencia puede dar pie para que que los países más ortodoxos traten de imponer su agenda. En el caso de España, por ejemplo, las recomendaciones europeas chocan directamente con la promesa del Gobierno de derogar parte de la reforma laboral aprobada por el anterior Ejecutivo conservador.

    Por el momento España se mantiene diplomática. Dice entender la existencia de ese freno ya que todos los países se van a endeudar para financiar el fondo, por lo que ve normal que las otras capitales quieran vigilar en qué acaba el dinero. Sin embargo, parece obvio que en este punto se pueden generar importantes fricciones en el futuro.

    "Mucho dinero, pero insuficiente"

    En opinión de Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, el fondo para la recuperación de la UE tras la pandemia supone un desembolso de "mucho dinero", pero sigue siendo "insuficiente" para responder a la crisis de forma adecuada.

    En ese sentido cabe recordar que la propuesta de la Comisión Europea, rebajada finalmente por la presión de los frugales, no llegaba ni a representar la mitad de los dos billones de euros que el Parlamento Europeo pidió movilizar ya en el mes de mayo.

    "Es una cantidad que va a resultar insuficiente para que los países más necesitados puedan llevar a cabo una estrategia de recuperación lo suficientemente potente", afirma el académico en una conversación con Sputnik.

    Además, Torres señala que para hacer frente a la crisis no basta con una inyección de dinero, sino que será necesario plantear una serie de reformas estructurales que, al menos de momento, no formaron parte del debate entre los países de la UE.

    "Se ha puesto dinero sobre la mesa, y eso es positivo, ya que una plan como este es diferente a lo que se hizo en la crisis anterior. Pero con eso no basta. No se han cambiado sustancialmente las reglas del juego y no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abordar problemas pendientes como la ausencia de unión bancaria o una política fiscal común", añade Torres.

    No solo eso, sino que los propios fondos están envueltos en un halo de incertidumbre, ya que por el momento no queda claro qué criterios se seguirán a la hora de activar el llamado freno de emergencia.

    En ese sentido Torres recuerda que a día de hoy sabemos que las medidas del plan de estabilidad presupuestaria —el eje de la austeridad hegemónica en la UE— ha quedado en suspenso "pero eso no significa que no vaya a reactivarse una vez se pongan en marcha los programas". Es decir, la austeridad no está presente, pero no se ha ido.

    "Hay que estar atentos a ver cuál es el tipo de condicionalidad que se impone una vez se pongan en marcha los programas", concluye, certificando que además de los 140.000 millones que Sánchez se trae bajo del brazo tras el Consejo Europeo, las maratonianas reuniones en Bruselas también han servido para dejar un puñado de incógnitas que deberán resolverse en el futuro, seguramente en más reuniones maratonianas, como ya es costumbre en la Unión Europea.

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