Desde 2007, la ONU celebra el Día Mundial de la Justicia Social, una instancia para que el mundo reflexione sobre cómo alcanzar la justicia "a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo". En 2018, la jornada está consagrada a los más de 150 millones de trabajadores que se encuentran fuera de sus países.
En Estados Unidos, la inmigración clandestina ha marcado de manera indeleble las discusiones públicas en los últimos meses. Desde las promesas del muro a lo largo de la frontera con México realizadas por Donald Trump hasta la posible reversión de medidas que protegían jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación, la situación de los extranjeros sin permisos de residencia en el país es delicada.
Según estimaciones del centro de investigaciones Pew, en 2016 vivían en el país unos 11,3 millones de personas con un estatus migratorio irregular, ya sea por haber ingresado de manera ilegal al país o por haber permanecido luego del vencimiento de una visa o permiso de estadía.
En 2010, el último año para el que la SSA tiene datos públicos, el nivel promedio de ingresos para el cual los trabajadores no autorizados pagaban impuestos era de unos 34.000 dólares anuales, es decir, alrededor del 80% de lo que paga el conjunto de los trabajadores.
Muchos de ellos tienen un número de seguridad social falso que no se corresponde con su identidad, pero de todos modos se les realizan las retenciones obligatorias sobre sus ingresos. Otros sistemas de recaudación han modificado este esquema de manera tal de recaudar dinero de estos trabajadores, que va a parar a la SSA.
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Apenas en 2010, los trabajadores no autorizados pagaron un total de 13.000 millones de dólares a la seguridad social. Sin embargo, este dinero vertido para el seguro de vejez, supervivencia e invalidez rara vez llega a darle frutos al contribuyente luego de una vida de trabajo extenuante.
"Mientras que los inmigrantes no autorizados trabajaron y contribuyeron tanto como 13.000 millones de dólares (…), solo alrededor de 1.000 millones erogados en beneficios durante 2010 son atribuibles a este tipo de trabajo", subraya el documento de la SSA.
Remesas de migrantes en #EEUU a #México se incrementaron 15% en marzo a $2.520 millones https://t.co/BjDqLMnlG9 pic.twitter.com/C9oZHsVv4q
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 3 de mayo de 2017
El resto del dinero queda en las arcas de la administración, generando un "efecto positivo" a las finanzas de la seguridad social. La legislación aprobada cada vez hace más difícil que quienes aportaron sin tener sus papeles en regla puedan cobrar alguna prestación económica en un futuro.
"Las personas que entran al país como inmigrantes no autorizados y permanecen con ese estatus de por vida son relativamente menos pasibles de recibir beneficios del programa de vejez, supervivencia o invalidez", incide la SSA.
Al enorme aporte a la seguridad social, se deben sumar los impuestos a la renta —muchos los pagan en la espera de poder regularizar su situación en el futuro—, además de los estatales que sobre las ventas o la propiedad. Sin embargo, cada día salen a trabajar con el miedo de que ellos, o sus hijos, sean deportados y enviados a su país de origen.
