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    Carlos Mesa, expresidente de Bolivia (archivo)

    Expresidente boliviano afirma que se siente "condenado" de antemano

    © AFP 2018 / Javier Mamani
    América Latina
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    LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) dijo que se considera condenado por una "justicia manipulada" y anunció resistencia política al proceso que enfrenta por la costosa expulsión de la empresa minera chilena Quiborax.

    "No tengo la menor duda de que el Tribunal Supremo me condenará (…), el fiscal es una ficha del Gobierno", dijo en la madrugada Mesa a la cadena privada de televisión PAT, de la que fue su fundador y principal ejecutivo hace tres décadas.

    El expresidente, la figura más popular de la oposición según diversas encuestas, hizo la declaración al día siguiente deque el fiscal general, Ramiro Guerrero, diera paso a una acusación presentada por la Procuraduría General del Gobierno.

    La acusación, que en los próximos meses debe ir y venir entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa antes de derivar en una investigación penal, señala a Mesa como responsable de delitos constitucionales y económicos por haber anulado en 2004 las concesiones mineras de Quiborax en el salar altiplánico de Uyuni.

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    Esa decisión de Mesa desató una pugna legal y un largo arbitraje internacional finalmente perdidos por el Estado, que a principios de junio pasado pagó a Quiborax 42,6 millones de dólares.

    "Yo acuso a una justicia manipulada, a funcionarios de Gobierno que le han entregado 42,6 millones a los falsificadores Allan Fosk y David Moscoso, a un modelo envilecido que está destruyendo nuestra democracia", dijo Mesa este martes en su cuenta de Twitter.

    Fosk y Moscoso han sido señalados como autores de un fraude documental de Quiborax, aunque esto no impidió que la firma chilena finalmente cobrara la indemnización fijada por el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, donde se realizó el arbitraje perdido por Bolivia.

    Antes de concurrir a la cadena PAT, Mesa dijo a reporteros que había decidido sumarse a la campaña opositora en "defensa del 21F", que recuerda que el 21 de febrero de 2016 el presidente Morales perdió un referendo en el que buscaba una reforma constitucional para habilitar su cuarta postulación consecutiva.

    "Morales no puede ni debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia, y aquí, en este momento, quiero expresar mi compromiso de actuar de manera activa, positiva y de manera comprometida, en la defensa del 21F", afirmó Mesa.

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    Compartiendo el criterio generalizado de la oposición, el expresidente calificó como una "aberración" a una resolución del Tribunal Constitucional que el año pasado autorizó la próxima repostulación de Morales, pese al resultado adverso del referendo de reforma constitucional.

    Según el analista Carlos Bohrt, un ex político conservador dedicado ahora a la docencia en la facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, es clara la contaminación política del juicio contra Mesa.

    "A todas luces la apertura de la investigación en contra únicamente de Carlos Mesa muestra la innegable cola de paja del carácter estrictamente político de este procesamiento", dijo Bohrt a radio Panamericana.

    El experto señaló, sin embargo, que en la expulsión de Quiborax el expresidente Mesa cometió "un error de procedimiento disponiendo la reversión de concesiones cuando no existía esa figura en la ley minera vigente entonces".

    Bohrt añadió que el Tribunal Supremo debería incluir en el proceso, como sujetos de investigación, tanto a ex ministros de Mesa como a altos funcionarios del actual Gobierno que representaron a Bolivia en el arbitraje del CIADI.

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