"Expresidente Carlos Mesa presta declaraciones ante el Ministerio Público por el caso Quiborax", informó lacónicamente en un tuit la Fiscalía General del Estado, que incluía una fotografía de la audiencia instalada a primera hora en su sede en la ciudad sureña de Sucre.
Dispuesto a dar batalla, Mesa reiteró un día antes de prestar declaración que era víctima de una "estrategia de demolición política" orquestada por el Gobierno izquierdista de Evo Morales, y contraatacó con su propia denuncia contra el actual procurador y otros altos funcionarios.
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La guerra judicial entre el oficialismo y quien es según encuestas el opositor con más apoyo para las elecciones de 2019 se desató a fines de mayo, cuando concluyó el juicio planteado por Quiborax en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
"Si volviera a estar en el trance de tomar una decisión sobre Quiborax-NMM, haría exactamente lo mismo, porque era lo que había que hacer, lo único posible y lo único correcto", escribió desafiante el exgobernante en su blog personal horas antes de prestar declaración.
La Fiscalía debe decidir si imputa formalmente a Mesa por los supuestos delitos de violación de la Constitución y daño económico al Estado, resultantes de su decisión de revertir, en 2004, las concesiones de las que gozaba la minera chilena Quiborax para explotar el salar de Uyuni.
Mesa responsabilizó en cambio al actual Gobierno por no haber hecho una "defensa eficaz" en el CIADI y con este argumento denunció por incumplimiento de deberes al mismo Menacho, al exprocurador Héctor Arce y otras autoridades.
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El visto bueno legislativo para ese proceso se da por descontado, habida cuenta de la mayoría de más de dos tercios en las dos cámaras.
Mesa, historiador y periodista, fue vicepresidente del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y lo sucedió tras su renuncia como consecuencia de violentas protestas populares de octubre de 2013.
